La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) depositó ayer en la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) una denuncia sobre presuntas irregularidades en la suscripción y ejecución de un contrato por RD$251 millones 563,525.24 para la ampliación y reparación del hospital provincial Doctor Leopoldo Pou, de Samaná, que otorgó la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) sin realizar una licitación pública.
Según la entidad, el contrato había sido originalmente suscrito por el Ministerio de Salud Pública por solo RD$87,804,122.03, “pero posteriormente la ejecución del mismo fue transferida a la OISOE, quienes ignoraron el contrato previo y suscribieron uno nuevo que triplica el monto original, en violación a la Ley 340-06”.

Trajano Potentini, presidente de la FJT, explicó que la Ley 340-06 limita a un 25 por ciento del monto original las modificaciones que se le pueden realizar al contrato.
Sin embargo, dijo que en en este caso no solo se ignoró esa disposición, sino que se violentaron los procedimientos establecidos por la ley y se suscribió un contrato nuevo.

Añadió que ese hecho requiere la intervención inmediata de la Dirección General de Compras y Contrataciones para que suspenda la ejecución de esa obra hasta que terminen las indagaciones.
También pidió que se suspenda el registro de proveedor del Estado al ingeniero contratista, por beneficiarse de una contratación fuera de las estipulaciones previstas en la Ley de Compras y Contrataciones.

Refirió que esa entidad había advertido de lo peligroso que resultaba pasar a manos de la OISOE la construcción y remodelación de 56 hospitales originalmente sorteados por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Inician Foro- Potentini inició ayer el primer Foro Permanente para el seguimiento, monitoreo, discusión y análisis del caos Odebrecht, con opiniones especializadas sobre el procedimiento y los tipos de penales envueltos en el que participaron los juristas Duarte Canaán y Jhon Garrido.
Canaán planteó que el proceso que recién se inicia contra los implicados en el caso de los sobornos por más de 92 millones de dólares pagados por la empresa de Brasil Odebrecht, ofrece la oportunidad al país de desterrar de una vez y por todas la cultura de la impunidad y el desorden.
Potentini sostuvo que hasta el momento los resultados del proceso han sido positivos, por lo que se espera que a medida que avance salgan a la vista otras situaciones que sienten un precedente.