La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) definió el 2018 como el año de la “involución judicial” debido a sus carencias presupuestarias, falta de independencia y al descrédito que afecta a este poder del Estado.
El presidente de la entidad, Trajano Vidal Potentini, aseguró que la falta de recursos para el Poder Judicial sigue siendo el “Talón de Aquiles” que le impide cumplir sus funciones, perjudicando así a la seguridad jurídica.
En tal sentido, destacó la mora judicial que afecta a la mayoría de los tribunales, incluida la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ), donde un expediente puede tardar hasta diez años en ser fallado.
También deploró el hecho de que haya jueces que están rehuyendo de sus responsabilidades en casos de lavado de activos y narcotráfico, especialmente en la región Este, lo que catalogó como “algo insólito”.
Para contrarrestar esta situación, el jurista propuso la creación de una ley que penalice la prevaricación judicial, contemplando detalladamente la competencia y el procedimiento a seguir para el juzgamiento de los jueces que incurran en faltas en el ejercicio de sus funciones.
Más tribunales. Potentini resaltó la necesidad de suplir con más tribunales colegiados de primera instancia la “desbordante” carga procesal de la jurisdicción penal.
De manera similar, abogó por el establecimiento de nuevos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia por mandato de la Constitución para subsanar la “inoperancia” y “lentitud” del Tribunal Superior Administrativo.
“Los tribunales contenciosos administrativos son la puerta de entrada del Estado de derecho. Nos referimos a las relaciones de los particulares frente al Estado y nos están privando de una primera instancia”, enfatizó.
Advirtió que la falta de estos tribunales deviene en una doble inconstitucionalidad, ya que, por un lado, se incumple una disposición constitucional y, por el otro, se les expolia a los ciudadanos la posibilidad de la doble instancia como principio cardinal del derecho.
Autogestión financiera. Ante la falta de recursos del Poder Judicial, la FJT recomendó implementar un sistema de autogestión financiera parecido al de la Dirección General de Aduanas, institución que retiene el 4% de sus recaudaciones; y al de Impuestos Internos, que conserva el 2%, todo ello al margen de las partidas presupuestarias que reciben.
Este modelo, aclaró Potentini, no supondría cargar con más impuestos al pueblo, sino que se trataría de una redistribución de los recursos del Poder Judicial.