La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) dijo ayer que el conflicto entre jueces y el Ministerio Público por el otorgamiento de más de 50 permisos a reclusos, en su mayoría condenados por delitos graves, daña y erosiona aún más la ya deteriorada imagen del Poder Judicial, además de alejar la inversión extranjera en el país.
Trajano Vidal Potentini, presidente de la FJT, expresa estar preocupado y alarmado por el manejo y tratamiento mediático que viene dándose entre jueces y fiscales, quienes -afirmó- son los responsables de castigar y perseguir el crimen organizado.
Potentini reconoce la facultad de la Ley 224, sobre Régimen Penitenciario, a los jueces de Ejecución de la Pena para otorgar permisos por razones diversas, incluso a reclusos con crímenes graves, pero dichas facultades deben ser administradas con la mayor prudencia posible.
Investigación. Dijo que ante los cuestionamientos de este caso, siempre será beneficioso que el Consejo del Poder Judicial disponga una investigación para así despejar cualquier duda.
Asimismo, destacó que sería oportuna contemplar modificaciones al Código Procesal Penal para integrar de manera colegiada y compartida la responsabilidad de los jueces de Ejecución de la Pena, logrando con ello mayor certeza y buen juicio en la administración de tan poderosa facultad.
Vidal Potentini Además hizo un llamado a los titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público, Mariano Germán y Jean Alain Rodríguez para que tomen carta en el asunto y detengan los enfrentamientos entre jueces y fiscales.