FJT pide al Congreso concretar reforma procesal penal acorde con la Constitución

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La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) externó su preocupación por el proyecto de reforma al código procesal penal aprobado en primera lectura por la cámara de diputados, con elementos perturbadores que podrían tirar por la borda el largo proceso de consenso y discusiones llevado a cabo por los legisladores para dotar al país de un instrumento de política criminal, en capacidad de dar repuesta al creciente crimen organizado y a sus diversas modalidades y manifestaciones.

A juicio del presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, el contemplar en el proyecto de modificación del código la prisión preventiva como prácticamente imperativa o preferente para los delitos que eventualmente pudieran aparejar penas a partir de los veinte años, constituye una violación a los artículos 40 y 69 numerales 9 y 3 respetivamente de la constitución, al disponer y garantizar para las personas lo siguiente.

40.9 Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar; 69.3 El derecho a que se presuma su inocencia y a ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.

Asimismo Potentini, consideró como un posible retroceso, la imprescriptibilidad de los delitos con penas de los diez años en adelante, como una especie de premio a la ineficiencia de la policía y del ministerio público en la persecución de los crímenes y delitos, imprescriptibilidad que bien puede ser reservada para la comisión de grandes crímenes que involucren homicidios, narcotráfico, terrorismo, secuestro, sicariato y violación sexual; entre otros.

Según la FJT otro punto a contemplar seria la capacidad que se le quiere conferir al ministerio público de perseguir y apresar a los imputados con condenas definitivas, funciones hasta ahora de la exclusiva competencia del juez de ejecución de la pena, que al estar compartida con los fiscales pudiera resultar en la desnaturalización de la responsabilidad del fiscal a todo lo largo del proceso.

Potentini, observó y saludó los esfuerzos y el gran trabajo desplegado fundamentalmente por la comisión de justicia de la cámara de diputados que dirige Demóstenes Martínez, integrándole al código procesal penal, en las pretendidas modificaciones en más de 70 artículos las mejoras y adecuaciones necesarias para un mejor instrumento.

Finalmente la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) lamenta que ante la magnitud de grandes avances previstos en el proyecto, el congreso permita empañar su obra de consulta y consenso con algunos elementos a todas luces perturbadores.