La Fundación Justicia y Transparencia propuso ayer un Programa Integral de Seguridad Ciudadana para frenar el crecimiento sostenido de la delincuencia que en todas sus manifestaciones se está dando en el país.
La entidad que preside Trajano Vidal Potentini afirmó que los asaltos a instituciones bancarias, en las calles, plazas comerciales y otros negocios; los asesinatos de militares y policías para robarles sus armas de reglamento; los feminicidios, abusos sexuales de menores, incestos y la trata de blanca, constituyen “una provocación y un reto” para las autoridades.
Medidas urgentes. Para garantizar la paz pública, la entidad dijo que es necesario la instalación masiva de cámaras de seguridad en las vías y lugares públicos; replicar el Sistema 9-1-1 en todo el país; control y seguimiento del motoconcho, y alumbrado de todas las calles; la limpieza y ornato de las áreas y zonas previamente identificadas como vulnerables.
Exonerar de impuestos los equipos de vigilancia, y hacer obligatoria su instalación en los centros comerciales y negocios privados; hacer permanente el patrullaje en las zonas de mayor riesgo; recuperar los policías que prestan servicios a particulares y a funcionarios, entre otros.
Otras medidas. La propuesta de la FJT son monitoreo y seguimiento constante de las actividades e inserción de los deportados, especialmente de los que han cumplido condenas en el exterior por delitos graves; ampliar la prevención y persecución contra el consumo y tráfico de drogas,
Hacer más eficiente la aplicación del Código Procesal Penal, establecer la prisión perpetua a violadores sexuales de menores y atracadores a mano armada; y plantearse correctivos para las muertes por parqueos y accidentes de tránsito.
La entidad de la sociedad civil planteó además la necesidad de que se dispongan las partidas presupuestarias que garanticen la eficacia del Ministerio Público y la Suprema Corte de Justicia.
Creación de leyes. Propuso también una Ley de Prevaricación Judicial que “destierre la complicidad entre delincuentes y autoridades”; un decreto o ley que obligue a los medios de comunicación a incluir un mínimo de publicidad relativa al combate y prevención de la criminalidad; un plan de vigilancia y control migratorio permanente, y aplicar leyes migratorias en vigor.