La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) rechazó hoy que los jueces estén renunciando por bajos salarios, y que producto de esta situación el Poder Judicial esté atravesando su peor crisis, como afirmaran algunos sectores del país.

No obstante, la entidad de sociedad civil reconoce que el Poder Judicial y el Ministerio Público demandan y requieren de un mayor presupuesto para mejorar las condiciones de trabajo y calidad de vida de su personal, y hacerle frente a las grandes transformaciones que demandan los nuevos tiempos y la constitución del 2010.

Trajano Potentini, presidente de Justicia y Transparencia recordó que la docencia y la alta función de juez al administrar e impartir justicia se asumen en todas partes del mundo como un sacerdocio y que 150 mil pesos mensuales que devengaban los jueces renunciantes, no es un mal salario, si se toma en cuenta que más del 90% de los abogados dominicanos no perciben ni siquiera 100 mil pesos mensuales.

«Para la FJT la renuncia de los jueces se debe a que las altas cortes han sido secuestradas por la clase política y con ello un estancamiento en la carrera judicial, imposibilitando el ascenso de jueces a la Suprema Corte de Justicia (SCJ)», expresó.

Agregó que en consecuencia se trata una pérdida de expectativas para gente que se han desarrollado y crecido, estudiando incluso en el extranjero maestrías y doctorados con apoyo del Poder Judicial, además de una dilatada experiencia que le impone el deseo de avanzar y progresar con nuevas posibilidades de crecimiento que lamentablemente no existen en el Poder Judicial.

Potentini explicó que las presidencias de las altas cortes deben ser rotatorias por lo menos cada tres años, y sin posibilidad de repetir en el cargo dándole espacio de ascenso a los demás jueces, instaurando un sistema realmente democrático que garantice una carrera judicial al margen de la influencia política, tecnificando y despolitizando el Consejo Nacional de la Magistratura, entre otras acciones a considerar.

Sobre el caso de La Mulata III. Demandó transparencia, resultados y responsabilidades para los implicados en el caso del allanamiento y muerte de un alemán a cargo de la Policía Nacional el pasado año en el residencial La Mulata III en Sosúa, Puerto Plata.

Pidió al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, encabezar y profundizar las investigaciones, suspendiendo a los fiscales actuantes y a la propia fiscal titular para ser cuestionados en torno al seguimiento y denuncia de tan graves hechos ocurridos hacen más de diez meses, con un silencio y falta de acciones del Ministerio Público que virtualmente los hace cómplices de lo ocurrido en La Mulata III.

Precisó que este caso constituye una vergüenza nacional y debe ser esclarecido. «Se trata de un acontecimiento que no se resuelve con cancelaciones, amonestaciones y días de arresto, al país hay que explicarle y aclararle sobre la supuesta sustracción de unos 60 millones de pesos, y por qué un caso ocurrido el pasado año se manejó con tanto secretismo y bajo una especie de silencio cómplice de parte de nuestra autoridades».

Aseguró que como entidad se mantendrán vigilantes, demandando del procurador y del jefe de la Policía llegar hasta las últimas consecuencias, dando un ejemplo con todo el peso de la ley para quienes resulten involucrados en tan aberrante y bochornoso hecho.