FJT somete recurso contra fideicomiso Punta Catalina

FJT somete recurso contra fideicomiso Punta Catalina

Trajano Potentini, presidente de la fundación.

Alegato.La entidad sostiene que es inconstitucional haberlo creado mediante un decreto

La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) sometió ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) una acción directa de inconstitucionalidad contra el decreto que crea el fideicomiso público de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y aquel que designa su comité técnico.


En su recurso, la FJT alega que los decretos 538-21 y 539-21, del pasado 3 de septiembre, generan una “colisión” entre las leyes de electricidad (No. 125-01) y de desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso (No. 189-11), además de que “ponen en riesgo la garantía constitucional del servicio público de electricidad”.


Trajano Potentini, presidente de la fundación, deploró que el presidente Luis Abinader desarrolle por decreto una institución jurídica como el “fideicomiso público” que, según el jurista, no existe en nuestro ordenamiento legislativo, sino que “solo aparece en una definición contenida en el decreto núm. 95-12 para la reglamentación de la Ley 189-11, sin desarrollo alguno, además de estar desvinculado y descontextualizado de esa ley.


Sostuvo que la figura del fideicomiso esta “fundamentalmente” concebido para actividades de naturaleza privada, con “una estructura flexible y fuera de los controles de transparencia y rendición de cuentas del Estado”.


Explicó que esto implicaría la privatización de “ un bien público, como la Central Termoeléctrica Punta Catalina, con un costo aún desconocido, pero muy superior a los US$2,000 millones, lo que afectaría, una función exclusiva del Congreso.


Trajano Potentini recordó que la Constitución establece la obligatoriedad de contar con la aprobación del Poder Legislativo para enajenar cualquier patrimonio público que supere los 200 salarios mininos.
“En consecuencia, dictar un decreto que ejecute de inmediato la transferencia de Punta Catalina a manos privadas, sin pasar por el Congreso previamente, constituye una violación a la Carta Magna”, alegó el presidente de la FJT.

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