Se acepta irremediablemente  que el alcalde  del Distrito Nacional prefiera escuchar a “las partes” cuando hay  conflicto entre  la ley y particulares. Pero la condescendencia debe acogerse siempre  al proverbio de la vela: “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre”.

Los usurpadores de espacios públicos  que degradan a la ciudad y generan peligros a transeúntes lanzados  a las vías de los carros, son unos transgresores que se benefician sin pausa de las indefiniciones del poder. Las autoridades tienden a ver las invasiones como hechos cumplidos, con miedo a tocar el  “derecho a ganarse la vida” (el padrefamilismo) de unos pocos que lo que hacen es perjudicar a unos muchos en  su derecho a caminar por  calzadas estorbadas permanentemente. Don Roberto Salcedo parece tomar el camino del pragmatismo exagerado. Su gestión es de: plazos, planes y negociaciones. Dar largas a los asuntos para dejarlos sin solución.

Pasa como con los textos escolares. El Ministerio de Educación admite que la ley protege a padres y alumnos  contra la unilateralidad de los colegios que cambian  textos cada año. Y ante el reclamo de poner fin a  lo perecedero, la titular recomienda buscarle la vuelta al problema   en busca de salida en vez de someter a respeto a los entes educativos. Propuso a los padres  buscar un diálogo con quienes les afectan, lo  que implica aceptar que los intereses de particulares y las transacciones son superiores a la ley.

La “mojiganga” como alegoría

La mejor respuesta a la falta de rigor   y  actitud tolerante de ciertas autoridades frente a las alteraciones de la tranquilidad ciudadana  que causan bares en la Zona Colonial la acaban de dar los vecinos cercanos a un establecimiento de nombre “Mojiganga”: invitaron  a quienes  autorizan esos centros ruidosos, y luego  hasta defienden sus malas decisiones,  a que “vengan una noche  a dormir aquí a ver si pueden”.

En ningún lugar del mundo los permisos  a sitios de diversión  equivalen a licencias para emitir  música estridente y otros ruidos que se escuchen fuera  de los locales, sin límite de tiempo y con parroquianos  que  irrespeten  los vecindarios.  En ningún lugar, la policía (en este caso Politur) puede alegar que no es de su competencia enfrentar  focos de perturbación urbana porque “están aprobados”. Eso solo ocurriría en un país  en el que la palabra mojiganga sea más apropiada para la ley que para los bares.