LEANDRO GUZMÁN
Los honores militares rendidos al nuevo presidente de la República -floreos, cañonazos y desfiles de tropas- resumen algo más que un asunto protocolar.

Significan el compromiso de las Fuerzas Armadas con el respeto a la Constitución, representada por su comandante en jefe, electo por el voto soberano y mayoritario del pueblo, pero además constituyen un compromiso mediante el cual el doctor Leonel Fernández asume con todas sus consecuencias,  por segunda vez en nuestra historia y en períodos alternados, precisamente en uno de los momentos más difíciles para el pueblo dominicano, la enorme responsabilidad de dirigir los destinos nacionales.

En efecto, la nación dominicana sufre hoy una grave crisis económica y moral. Los entendidos atribuyen los problemas económicos a la quiebra de tres bancos privados y las alzas del petróleo en el mercado internacional, que ha determinado una crisis financiera agravada por un excesivo gasto público y el endeudamiento externo. Las distintas denominaciones religiosas atribuyen la crisis moral a la desorganización familiar, la falta de respeto a las instituciones y a la carencia de fe. Esos factores -la crisis económica y la crisis moral- gravitan pesadamente sobre la sociedad dominicana, tal como queda expresado en el aumento de la delincuencia común y la ausencia de Justicia.

Esas lacras constituyen una herencia de siglos, de modo que no puede afirmarse que surgieron de la noche a la mañana. La cuestión, sin embargo, no es repartir culpas, sino llamar la atención sobre unos problemas tan serios y peligrosos que requieren de enorme prudencia, inteligencia y tacto, para poder hacerles frente con buen éxito.

Se trata de una ingente tarea que ningún gobernante, por bien intencionado que esté, podrá asumir contando solamente con un equipo de colaboradores, por preparados que sean, sino que requerirá del concurso de todos los dominicanos bien intencionados, al margen de las banderías políticas que suelen imponer criterios parcializados y, en consecuencia, viciados por la visión unilateral.

En tal caso de la llamada «reforma fiscal», necesaria para tapar los «hoyos financieros» que otros dejaron, no tendría ningún sentido si profundiza la crisis de la clase media, tan pobre ya como la menos pudiente, mientras continúa el festín de los políticos que la llegar a los cargos creen que el patrimonio nacional les perteneces. Como dice el refrán popular, «o jugamos todos o se rompe la baraja».

Los pobres y la clase media no soportarían más cargas impositivas si no se les garantiza algún tipo de resultado económico que garantice siquiera su supervivencia, que es lo menos que se puede pedir. Los mismos organismos internacionales dicen que en los últimos dos años hubo un aumento de más de un millón de pobres, mientras la clase media puede considerarse una especie en vías de extinción, algo penoso, pues es precisamente ese sector el más dinámico de la economía.

La clase media, sea por un proceso de ósmosis como reflejo importado, es la que consume. En consecuencia, es la que se preocupa por producir para mantener ese ritmo de vida. Si se le cierran las puertas, si se le acogota más de lo que es soportable, habrá que sumarla a los pobres existentes. Entonces habría que duplicar los programas sociales para paliar su crisis, algo que en estos momentos ningún Gobierno podría soportar.

No tenemos ninguna duda de que el presidente Fernández y su equipo de colaboradores están conscientes de esa situación. Todos son inteligentes y están en el deber de buscar alternativas viables para que no se produzca el colapso total.

En esa tarea tenemos que colaborar absolutamente todos, sin excepción. Pero hay que estar claros en que nadie aceptará ofrecer tal colaboración a la hora que se de cuenta de que la carga gira hacia un solo lado, en lugar de estar equitativamente repartida, vale decir, con equidad, con Justicia, para que cada quien se anime y ponga sus conocimientos y habilidades al servicio del progreso de la República.

Los nuevos funcionarios deberían olvidarse de los tiempos en que era posible vivir como millonarios a costa del erario público, con vehículos de lujo, guardaespaldas, choferes, combustibles, celulares y excesivos gastos de representación. El presidente Fernández debería exigirle a cada uno de ellos, como sutilmente se los advirtió recientemente, que deberán desempeñar sus cargos con honestidad y eficiencia. El que no esté dispuesto a ese sacrificio, que se olvide y no acepte la designación.

El presidente de la República, al recibir los merecidos honores correspondientes a su rango, debe asumirlos también como un reto personal, con la mira puesta en lo que hoy por hoy por hoy será su más ardua tarea: controlar la corrupción, lacra social de la cual tanto se ha hablado. Si el presidente da señales de que trillará ese camino, de seguro contará con el mismo respaldo que el pueblo le dio cuando lo escogió nuevamente para dirigir los destinos nacionales.