La conveniencia o inconveniencia de que el país vuelva a ponerse bajo la tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI) es ahora el tema de debate que seduce a una parte de nuestra sociedad, incluyendo empresarios y políticos.

Este debate surge luego de que el organismo internacional certificara que la República Dominicana había alcanzado y hasta desbordado las metas que le trazara ese organismo en el Acuerdo Stand By.

La verdad es que no debería haber tal disyuntiva, a no ser que queramos admitir o confesar que no somos capaces de disciplinar nuestros actos y por eso andamos siempre en busca de tutela.

Está bien que procuráramos las recetas del FMI en medio de la gran crisis económica causada porque las autoridades monetarias manejaron con torpeza el descalabro de algunos bancos, pero sobrepasada esa crisis no tiene justificación que lo hagamos.

Las recetas del FMI suelen tener un sabor amargo para los habitantes de los países sometidos a ese tratamiento, pues usualmente los platos rotos por los que disfrutaron el pastel terminan siendo pagados por quienes no tuvieron acceso al mismo.

Buscar la estabilidad de la economía en base a la receta foránea puede ser correcto en coyunturas de dificultad, pero después de alcanzadas y hasta sobrepasadas las metas exigidas por la tutela no tiene asidero de ningún género.

Las autoridades dominicanas han aprendido bastante de la terrible crisis económica y mucho más ha aprendido el pueblo dominicano de las recetas del FMI.

No puede ser que a estas alturas no seamos capaces de administrarnos correctamente para manejar adecuadamente los parámetros de nuestra economía. ¿Para qué más FMI?

Corrupción

El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, monseñor Ramón Benito de la Rosa Carpio, considera, con muy buen tino, que es necesario atender las denuncias de corrupción hechas por diversos sectores.

La recomendación tiene un alto valor en momentos en que funcionarios del Gobierno han expuesto su preocupación por los actos de corrupción.

Hace algún tiempo Octavio Lister, encargado de la Dirección Nacional de Persecución a la Corrupción Administrativa, se quejó por el poco respaldo que ha recibido la lucha contra las malas artes.

Más adelante, el doctor José Joaquín Bidó Medina, presidente de la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción, afirmó que ésta prácticamente se ha institucionalizado en el país.

Y la más reciente invocación relacionada con los actos de corrupción en el Gobierno la hizo el director general de Aduanas, Miguel Cocco.

Hay pues abundantes motivos para reclamar que la Justicia se encargue de investigar y perseguir cuanto acto indecoroso se cometa en el Gobierno o el sector privado.

La sociedad necesita una profilaxis que coloque en el lugar merecido a quienes se hacen de los bienes públicos o a quienes desde el sector privado cometen actos que violan las leyes y perjudiquen intereses.

No basta con crear instancias de investigación y persecución, pues toda iniciativa contra la corrupción tiene que desembocar en sanciones severas sobre los hechos probados y evidenciados.

Estancar los expedientes sobre corrupción equivale a premiarla y a estimular que otros procedan de la misma manera, impunes.