Tras un limbo de cinco meses en donde la tasa de cambio aumentó en 75%, la inflación siguió en ascenso y el país descendió varios peldaños en la clasificación crediticia, finalmente el 11 de febrero el Directorio del FMI dio su visto bueno a un nuevo acuerdo que por supuesto implica mayores condicionalidades y controles a un gobierno que en el anterior incumplió con todas las metas.

Si bien las autoridades en la Carta de Intención dedicaron la letanía de dispensas por la inobservancia de los criterios de desempeño correspondiente a una serie de variables, lo cierto es que esa inobservancia, rayando en la irresponsabilidad, ha costado severos ajustes a toda la población, deterioro en la calidad de vida, vuelta a los apagones interminables y la afectación del clima para la inversión extranjera en la medida que las agencias clasificadoras han tumbado varios peldaños situándonos casi en la frontera del país a punto de declarar un default en el cumplimiento de sus compromisos internacionales. En adición a estos costos el incumplimiento de las metas ha postergado por lo menos en un año todo el proceso de ajustes y el inicio de la recuperación.

Una serie de variables proyectadas en el acuerdo de agosto del 2003 para el presente año, cuando se comparan con las proyecciones en el acuerdo del 11 de febrero, revelan el deterioro macroeconómico que provocó a esta nación un gobierno irrespetuoso de los compromisos internos y externos.

[b]Proyecciones para el 2004[/b]

Variable Acuerdo 29/8/03 Acuerdo 11/2/04

Producto Bruto Interno 0.5 -1.0

Inflación 9.0 14.0

Reservas Int. netas US$176.2 0.0

Deuda pública bruta 49.3%PIB 54.4

Déficit Sec. Público consolidado -2.5 -3.8

Sector público no financiero 1.1 0.2

Déficit cuasi-fiscal -3.6 -3.9

En las proyecciones del primer acuerdo la economía para el 2004 mostraba un ligero crecimiento de 0.5%, con una inflación de 9%, reservas netas de US$176.2 millones y una deuda pública bruta equivalente al 49.3% del PIB. El incumplimiento del acuerdo ha provocado un deterioro para las proyecciones de este año con una caída del producto de 1%, inflación de dos dígitos, reservas netas nulas y un aumento del nivel de endeudamiento público. Por supuesto el déficit del sector público consolidado y el cuasi-fiscal también experimentan un aumento en este nuevo escenario.

Lógicamente frente a un gobierno «inobservante» e incumplidor de los criterios de desempeño y de las metas, el Fondo Monetario Internacional le ha apretado las tuercas con nuevas condicionalidades y topes más estrictos especialmente para el gasto y el endeudamiento.

En el caso del tope acumulativo a la contratación de la deuda externa en el acuerdo actual se considera la deuda aprobada por el Congreso mientras en el anterior se consideraban los desembolsos brutos de deudas. En conclusión se suspende el carnaval de aprobación de prestamos en las cámaras legislativas.

Otro elemento novedoso del presente acuerdo es el establecimiento de un piso acumulativo en los depósitos no remunerados del Gobierno en el Banco Central, los cuales se incrementaran por el mismo monto del alivio de la deuda obtenido de los acreedores externos por encima de los supuestos del programa. En lenguaje más directo, todo alivio superior a los US$300 millones del Club de París o de otros acreedores producirá un ahorro en pesos al gobierno que deberá depositarse en el Banco Central.

Aparte de las restricciones en materia de gasto, obligatoriedad de general un superávit del Gobierno Central para reducir el déficit cuasi-fiscal, las actuaciones de las autoridades serán examinadas por un panel de expertos antes del 15 de mayo. En el caso de las EDES deberá realizarse una valoración internacional independiente como primer paso hacia su eventual reprivatización, la cual con toda seguridad examinará todo el proceso de compra, y, también, una auditoría para «extraer lecciones de las fallas monetarias y de supervisión que contribuyeron a los problemas bancarios» y examinar los procedimientos para resolver Baninter, Bancredito y Mercantil.

A un gobierno inobservante e incumplidor y además metido en campaña reeleccionista, con todo el riesgo de utilizar el presupuesto y los prestamos de emergencia a favor de la candidatura, el FMI le ha reducido los grados de libertad aumentado las condicionalidades, y, además, como colofón examinará sus actuaciones en las quiebras bancarias y en la compra de los apagones a Unión Fenosa.