FMI cree acuerdo eléctrico tiene impacto en finanzas

Los negociadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) no han aceptado la posición del gobierno de que el acuerdo con Unión Fenosa no tiene impacto alguno en el nivel de endeudamiento del gobierno y en las finanzas públicas.

De acuerdo a lo informado, el informe preparado por un grupo de expertos independientes contratado por el FMI para hacer una evaluación al respecto, confirmó que el acuerdo con Unión Fenosa aumenta la deuda pública y aumentará los compromisos corrientes del gobierno.

El FMI suspendió la ejecución del acuerdo stand by hasta comprobar si ese acuerdo afecta o no los topes establecidos al endeudamiento público y al déficit fiscal del gobierno.

El gobierno dominicano firmó el acuerdo con Unión Fenosa luego de haber firmado el programa stand by con el FMI y sin haber consultado a ese organismo internacional.

Para intentar restablecer el acuerdo, el FMI contrató a expertos independientes para que evaluara el impacto del acuerdo con Unión Fenosa en las finanzas públicas.

Ya ese trabajo se hizo, pero las negociaciones con el FMI no avanzan.

El gobierno había sostenido el criterio de que este acuerdo no aumenta la deuda del sector público ni tiene un impacto sobre el gasto corriente del gobierno, pero el FMI opina lo contrario.

Esto queda confirmado en un trabajo publicado ayer en el Listín Diario por el economista Jaime Aristy Escuder, quien atribuyó “a la falta de comprensión del problema eléctrico” ser una fuente de inestabilidad cambiaria.

“Esta institución multilateral no entendió durante la elaboración de la carta de intención, que la CDE es responsable del 50 por ciento del déficit del flujo de caja y en consecuencia, de todas las deudas de las empresas eléctricas”, dijo Aristy Escuder.

“Tampoco entendió el FMI que las distribuidoras de electricidad administradas por la empresa española Unión Fenosa estaban situadas sobre una trayectoria que conducía a la quiebra”, agregó Escuder.

Sin embargo, contrario a esa posición, hay quienes plantean que una cosa es la posesión del 50 por ciento de las acciones en esas empresas, que constituye un patrimonio para el Estado, que podría perder en caso de quiebra de esas empresas, y otra es una compra mediante la cual el Estado asume una deuda de 347.5 millones de dólares, pagaderos en doce años, con una tasa de interés del 12 por ciento, además de tener que asumir en lo adelante el enorme déficit de caja de Edenorte y Edesur, tras su reestatización.

“Una cosa es tú perder un patrimonio que tú tienes en acciones de una empresa, en caso de quiebra, y otra es un asumir una deuda para adquirir esa empresa”, explicó un economista consultado.