El Gobierno dominicano, a través de los ministerios de Economía, Planificación y Desarrollo, Hacienda y Medio Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo un encuentro con una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para dar inicio a la implementación en el país de una evaluación de la gestión de la inversión pública (PIMA, por sus siglas en inglés) y una evaluación de la gestión de la inversión pública sobre el cambio climático (C-PIMA).

PIMA es un marco integral para evaluar las prácticas de gobernanza de infraestructura para países en todos los niveles de desarrollo económico. Esta evaluación analiza 15 dimensiones involucradas en las tres etapas del ciclo de inversión pública: planificación, asignación de recursos y ejecución de los proyectos.

Mientras que C-PIMA añade una dimensión climática y evalúa la capacidad de los países para gestionar la infraestructura relacionada con el clima. Esta evaluación permitirá identificar áreas de mejoras en los procesos de inversión pública, para mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos.

El ministro de Economía, Pável Isa Contreras, indagó detalladamente los resultados de los indicadores y herramientas que emplean estas evaluaciones, que han sido aplicadas en 93 países en el caso de PIMA y 40 en el caso de C-PIMA.

Además, el ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, expresó que el organismo internacional puede contar con todo el apoyo del Gobierno dominicano para realizar esta iniciativa para mejorar la toma de decisiones, el control y monitoreo de la inversión pública.

A su vez, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, recordó la importancia de que las entidades gubernamentales actúen de manera coordinada ante este tipo de asistencia técnica.

Virginia Alonso Albarrán, economista principal en la División de Gestión Financiera Pública del FMI, explicó que la brecha de eficiencia de la gestión de la inversión pública en América Latina y el Caribe (LAC) es de un 29% respecto de los países más eficientes, cifra similar a la de mercados emergentes.

Sostuvo que para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y avanzar según lo previsto hacia los propósitos fijados en el Acuerdo de París, el costo de capital anual promedio para LAC sería de 3,4% del producto interno bruto (PIB) regional hasta 2030.

Señaló que las necesidades de inversión en infraestructura son algo menores en LAC que en otras regiones para alcanzar los ODS, pero son sustanciales.

La economista planteó que, en promedio, una mejor gobernanza de la infraestructura podría compensar más de la mitad de las pérdidas de eficiencia observadas y reiteró la necesidad de fortalecer la gobernanza de la infraestructura para reducir esta brecha.

En la reunión, efectuada de manera virtual, también participaron el director general de Inversión Pública del Ministerio de Economía, Martín Francos, y el director general de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, José Rijo Presbot.