Para cumplir con las metas de la Estrategia Nacional de Desarrollo es necesario elevar la presión tributaria (END, Art. 36, Párrafo único), también el Gobierno está obligado a someter el Presupuesto General del Estado antes del primero de octubre, negociar con el FMI un nuevo acuerdo y además arribar a un pacto fiscal como establece la propia Estrategia.

La necesidad de elevar las recaudaciones fiscales no se origina en la magnitud del déficit fiscal, como plantean ciertos economistas. Todo déficit se financia, y el actual no es la excepción, pues sus fuentes de financiamiento están prácticamente identificadas;  el imperativo de elevar las recaudaciones viene motivado por el cumplimiento del 4% del PIB para la educación y una serie de metas consignadas y calendarizadas en la END.

Ningún país ha podido superar el atraso con una presión tributaria de 13% como en la República Dominicana. El pasado año la presión tributaria promedio en AL y el Caribe fue de 15.4% del PIB; países como Argentina con 21.3% del PIB, Brasil 23.7%, Chile 19.6%, Bolivia 18.1% y países importantes que exhiben menor presión tributaria (como México con 9.1% o Venezuela con 12.1%) resulta que presentan ingresos totales superiores al 20% del PIB gracias a fuertes ingresos no tributarios. América Latina y el Caribe (33 países) gastaron en promedio el pasado año 21.2% del PIB y RD apenas 15.6% del PIB, con recaudaciones de 13.2 a un déficit equivalente al 2.4% del PIB. En la región solo Guatemala (14.3%) y Haití (12.1%) gastan menos que nuestro país.

Evidentemente que ese aumento de la presión tributaria contempla, como señala la Ley 1-12 de la END, “elevar la eficiencia y transparencia del gasto público”, y al respecto la actual administración ha dado claras señales con el Decreto 499-12 y mediante otras directrices. El problema no es reducir el gasto, porque ello haría imposible cumplir las metas y además llevaría la economía a una recesión; el problema es cómo implementamos una reforma fiscal que eleve las recaudaciones y por supuesto garantice calidad en el gasto. El Gobierno está abocado a iniciar en las próximas semanas las negociaciones con el FMI para un nuevo acuerdo y eso es correcto. Un programa económico en estos momentos refuerza la credibilidad y la confianza, permite localizar los recursos externos para financiar el déficit del próximo año y simultáneamente impulsa reformas estructurales. Para lograr el financiamiento para el presupuesto del 2013 sería conveniente que las negociaciones culminen este año y el Directorio del FMI lo apruebe a más tardar en enero o febrero del próximo año.

El Presupuesto General del Estado para el 2013, que solamente en educación e intereses de la deuda consume la mitad de la presión tributaria actual, deberá someterse a más tardar el primero de octubre, de acuerdo a la Constitución de la República, o de lo contrario por mayoría simple el Congreso podría modificarlo.

En adición a estas fechas fatales, el Gobierno pretende discutir e implementar el pacto fiscal este año, aunque debió posponer la primera sesión del Consejo Económico y Social hasta el 17 de septiembre, con miras a desarrollar los primeros contactos con la misión del FMI y saber cuáles serán las condicionalidades fiscales para ese nuevo acuerdo y preparar, con esas variables, el borrador de propuesta a discutir con los actores involucrados en el Consejo.

No va a ser tarea sencilla negociar con el FMI, presentar el presupuesto en octubre y arribar a un pacto fiscal en un plazo no mayor de 45 días. Una de las tres cosas no podrá cumplirse y me temo que será el pacto fiscal, especialmente porque una parte de la cúpula empresarial ha sido reiterativa en rechazar el aumento impositivo y supeditar los compromisos para el 2013 en el mero ajuste y reducción del gasto. Y eso es imposible.