El Fondo Monetario Internacional sugiere para las economías avanzadas subidas de impuestos a los ricos y la renta básica universal para atajar la brecha social.

Al abordar el tema de la progresión impositiva, el Monitor Fiscal del FMI, elaborado por el equipo que lidera Vitor Gaspar, director del Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional, destaca en su última edición cómo entre las rentas más elevadas y con mayor riqueza, la progresividad fiscal ha disminuido en las últimas tres décadas. «Esta disminución es consistente con la disminución del IRPF de los países de la OCDE desde una media del 62% en 1981 hasta un 35% en 2015».
Vitor Gaspar indicó que las tasas de tributación marginal aplicadas a quienes ganan el máximo «tendrían que ser significativamente más altas que las actuales».
En este sentido, el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo ha elaborado diversos análisis en busca de determinar la relación entre la reducción de dicha progresión impositiva y el crecimiento económico. «Nuestros resultados sugieren que es posible aumentar el grado de progresividad tributaria», indicó Gaspar.
Es por ello que, en las economías avanzadas con niveles relativamente bajos de progresividad en términos del IRPF, se podría elevar el gravamen marginal a las rentas más altas sin poner en peligro el crecimiento económico. «También se podrían evaluar distintos tipos de impuestos sobre la riqueza», manifestó el documento.
Otro tema candente y que ha cobrado protagonismo durante los últimos años es el del salario básico universal, que a ojos del director del Departamento de Asuntos Fiscales «tiene el potencial de tener un impacto significativo en la desigualdad y la pobreza». Sin embargo, Gaspar considera que en los debates sobre este tema debe incluirse también el coste fiscal que este tipo de medidas tendría para los gobiernos y cómo financiarlas. Para el FMI el coste de aplicar un salario universal varía según el nivel fijado. Como ejemplo, la institución estima que un sueldo de un 25% del ingreso per cápita medio, tendría un coste fiscal que rondaría el 6% y el 7% del PIB en las economías avanzadas y entre el 3% y el 4% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo.
Además, su implantación debería estar precedida de un cuidadoso análisis por parte de los gobiernos en cuestión. En el Monitor Fiscal se recomienda que la implantación de un salario básico universal sirva como una opción para reemplazar el gasto social ineficiente. Al respecto se habla de alternativa a los subsidios sobre los combustibles.
En otros casos, en países con una baja capacidad tributaria o donde un salario básico universal restase recursos al gasto de alta prioridad, como la inversión, la salud o la educación, este tipo de iniciativas no son recomendables, según el Fondo.