Los dominicanos damos por sentado que los ciudadanos escogidos para dirigir o administrar cualquier área de la cosa pública, se desempeñarán dentro de un contexto de egoísmo, deshonestidad y orfandad en términos éticos. Es lo que nos han enseñado los eternos depredadores del erario nacional, por lo que hablar de transparencia es como “predicar en el desierto”.

¿Vale la pena insistir en cambiar lo que parece ser la naturaleza maleada del servidor público? ¿Es acaso una condición que se contagia al asumir esas responsabilidades sobre la base de que: todos lo han hecho siempre así?

Alguien se atrevió a decir que “la esperanza es lo último que se pierde”. Pero, la triste realidad es que parece que ya perdimos toda esperanza de reivindicación de los conceptos de seriedad y honestidad, aplicables a los que ejercen posiciones en el Estado.

Paradójicamente, cuando somos sorprendidos gratamente por las ejecutorias de alguien fuera de serie, que actúa dentro de las normas de transparencia y probidad, pensamos que es puro teatro.

Hubo una institución del Estado que cometió hechos tan vergonzantes, que la justicia no tuvo más remedio que aplicar la ley y mandar a la cárcel a sus responsables. Alguien se atrevió a afirmar que el Plan Renove, la institución de marras, nació maleado. Sin embargo, bastó una voluntad política apropiada para que hoy por hoy, el FONDET, anterior Plan Renove, exhiba un prontuario de realizaciones, muchas de ellas difíciles y conflictivas, que nos hacen pensar que es posible manejar con seriedad y eficiencia las instituciones del Estado.

Por supuesto, hay sectores que han pegado el grito al cielo.

No se sienten cómodos con el FONDET. Un ejemplo de esta afirmación ha ocurrido con el llamado a licitación hecho por esta institución, para la adquisición de 100 autobuses para las rutas alimentadoras del Metro, con la concurrencia de seis empresas importadoras y en presencia de los medios de comunicación. Al término del proceso resulta que una de las empresas participantes, alegadamente lesionada en sus intereses, ha incoado una demanda al Estado (representado por FONDET ). Y lo triste del caso es que medios de comunicación se han hecho eco a la supuesta pertinencia de los reclamos de la compañía en cuestión, aún sin conocer los elementos de la operación, ni la Ley de Compras y Contrataciones que regula este tipo de transacciones.

Procede señalar que ante la pertinencia de la posición defendida por FONDET, el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo rechazó la propuesta de medidas cautelares contra esta institución. El tribunal de referencia dictaminó que el interés nacional está por encima de los intereses particulares.

Quiera Dios que estos intentos de detener un proceso transparente por demás sean superados, para bien de los miles de usuarios del transporte público nacional.