Ahora que existe interés y preocupación por parte del Gobierno Dominicano en manejar adecuadamente el tema de Gestión Integral de Riesgos, consideramos pertinentes contribuir a su fortalecimiento. Actualmente la República Dominicana carece de un Fondo de Calamidad Pública ante Fenómenos Naturales, teniendo los gobiernos anteriores que acudir al endeudamiento externo, apoyarse en fondos no reembolsables y ayuda en bienes materiales de la cooperación internacional, además, las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (SNPMR), no tienen partidas en sus presupuestos para gastos discrecionales que puedan hacer frente a una respuesta a emergencia para la construcción, rehabilitación y recuperación de las comunidades afectadas.

Hay que decir, que de haberse cumplido con el mandato de la Ley de Gestión de Riesgos 147-02, Art. 20, que destina el 1% de los ingresos corrientes presupuestados para el Fondo de Contingencia (PMR), desde el año 2002 que arranca la ley hasta el 2020, el Fondo de Contingencia debería disponer al momento de 2.1 billón de pesos para hacer frente a su gestión operativa de prevención, preparación, respuesta y recuperación a nivel nacional y no afectaria el Presupuesto Nacional, pudiendo manejar con holgura economica fenómenos naturales hasta de categoría 3 o 5 en la escala de huracanes Saffir Simpson como David y George.

La magnitud de los daños humanos y económicos provocados por huracanes tiene un peso importante y afectan enormemente las variables macroeconómicas, sólo el paso por Rep. Dominicana del huracán David en 1979, costó unos US$ 2,195 millones, el huracán George en 1998, US$ 420 millones y Noel y Olga unos US$ 700 millones, este último con vientos de 130 km/hrs, de acuerdo a estudio de la CEPAL. Esto evidencia lo altamente costoso que han sido los fenómenos naturales para la República Dominicana, que al no tenerse una política de Estado sobre su mitigación, cualquier huracán e inundación por lluvias sobredimensiona la capacidad de respuesta a emergencia, reconstrucción y recuperación del país, es por esto que reducir las afectaciones exige un enfoque amplio que refleje las causas del riesgo y la vulnerabilidad.

Retomando una metodología desarrollada por la Universidad de Colorado, la vulnerabilidad en la República Dominicana se ha multiplicado en más de treinta en los últimos 40 años. Esta medida representa una mayor vulnerabilidad física, económica y social para ese período. El mismo análisis estima que si el Huracán David (1979) se abatiera nuevamente sobre el país, causaría daños por encima de los US$ 4 mil millones, lo que muestra la poca atención y descuido que ha tenido este sector en los gobiernos anteriores.

La República Dominicana no tiene forma de estimar en su totalidad las pérdidas ocurridas por fenómenos naturales aún teniendo una alta vulnerabilidad a eventos hidrometeorológicos, porque los planificadores al desarrollo presentan grandes dificultades para el estudio de gestión de riesgos y poder correlacionarlos con variables de política fiscal y monetaria o realizar proyecciones macroeconómicas como una función de la vulnerabilidad social, económica y financiera, instrumento vital para reducir las grandes pérdidas en infraestructura física, productiva, social y humana.

Las áreas más críticas y de gran responsabilidad gubernamental están en los activos del Estado Dominicano en edificaciones como escuelas, hospitales, puentes, carreteras entre otros. El turismo tiene una alta vulnerabilidad y es considerado vital porque influye en el flujo de divisas, turistas y el consumo de productos agrícolas, pero este sector y algunas industrias están aseguradas, una muestra es que recibieron US$ 500 millones en pagos de reaseguros después del huracán George.

El problema que se le presenta a República Dominicana en los próximos años consiste en tener solidez y continuidad en la dinámica de gestión integral de riesgos, cumplir con algunos instrumentos del marco normativo Ley 147-02 sobre Gestión de Riesgos ahora que existe cierto interés en privilegiar este tema en el nuevo gobierno, suprimir el vacío y las contradicciones entre los distintos actores respecto al significado y cometido de la gestión de riesgos, mejorar y planificar conjuntamente el manejo de la emergencia, ayuda humanitaria, reconstrucción y recuperación posdesastres, un tema que ha estado ausente en Gobiernos anteriores, eliminar la evasión de responsabilidades de algunas áreas gubernamentales involucradas, robustecer las divergencias existentes entre la normativa y la práctica en la gestión de riesgos y mejorar aún más el enfoque limitado que se tiene actualmente desde las instancias del Estado.