La Cámara Minera Petrolera (Camipe) planteó que de los recursos que recibe el Gobierno central de la minería haya inversión directa en las comunidades donde hay explotación de recursos mineros, al mostrar su preocupación porque muchas veces los fondos no llegan a las localidades necesitadas.

Asimismo abogó porque el Gobierno se adhiera a la Iniciativa por la Transparencia de la Industria Extractiva (Itie), que es un instrumento internacional que permite visualizar los recursos mineros.

La Ley Minera 146 y la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales establecen que se invierta el 5% de las ganancias de las mineras en las comunidades de incidencia. Sin embargo, las cuatro empresas mineras más grandes que hay en el país se rigen por contratos especiales que establecen que los recursos para las localidades sean entregados al Gobierno central.

Los directivos de la Camipe hablaron del tema durante el Almuerzo del Grupo Corripio en el que participaron José Bernardo Sena, presidente; Luis Eduardo Díaz, vicepresidente; Julio Espaillat,expresidente; Cristina Thomen, secretaria, y Pedro Esteva, miembro.

Sena detalló que las empresas con contratos especiales de explotación son Barrick Gold (oro, plata y cobre), Falcondo (níquel), Las Lagunas (oro en depósitos residuales) y Dovemco (bauxita). Las demás mineras sí entregan directamente el 5% de sus ganancias a los municipios, a través de sus gobiernos locales.