RAFAEL TORIBIO
La “aclaración” de un político sobre declaraciones realizadas anteriormente suele ser siempre una “rectificación”. Eso es lo que ha sucedido con la aclaración del presidente del PRD respecto a sus anteriores declaraciones sobre la necesidad de aumentar los fondos públicos destinados a los partidos políticos y a la Junta Central Electoral. En sus declaraciones pareció señalar que los recursos que entregará la Junta Central Electoral a los partidos no serán suficientes para financiar las elecciones de mayo próximo por lo costosa que será la promoción de las candidaturas.

Quien leyó esas declaraciones pudo apreciar también la indicación de que lo que aporta el organismo electoral es sólo una pequeña parte de lo que se gasta en una campaña, aproximadamente entre el 5% y 10% del costo total. Se entendió que demandaba un aumento en los fondos públicos establecidos por ley para los partidos políticos y que dada la proximidad de las elecciones convenía que se presentara un ante proyecto de ley de transferencia de fondos con esa finalidad. Como justificación de esa demanda se percibió la argumentación de que la democracia tiene un costo y que lo importante es que los partidos hagan rendición de cuentas de los fondos que reciben, para una mayor transparencia.

La reacción a esas declaraciones, oponiéndose a esa petición, fue inmediata, entre las que hay que destacar las del Cardenal López Rodríguez y del Secretario General del PLD. Entonces se produce la “aclaración” en el sentido de que lo que había solicitado era que se le aumentaran los fondos a la Junta Central Electoral para poder organizar unas elecciones congresionales y municipales de forma adecuada y que se los entregaran a la mayor brevedad posible. Quienes leyeron esas declaraciones pueden apreciar fácilmente que la “aclaración” se parece más a una “rectificación”.

Esta “aclaración”, además de poner como tema de análisis el costo de las campañas electorales, nos permite abordar con igual intención el financiamiento de los partidos políticos a través de fondos públicos, que significa entregarles parte de los recursos que el gobierno obtiene por el pago de los impuestos.

El argumento más contundente para que se transfieran fondos públicos a los partidos políticos radica en que con esa medida se trata de evitar que partidos y candidatos, sobre todo cuando las campañas son tan costosas, se vean penetrados, vía el financiamiento, por personas pertenecientes al narcotráfico o grupos empresariales que quieran luego transformar en “inversión” lo aportado como “donación”. En muchos países, el financiamiento público a los partidos se otorga aboliendo o limitando los aportes del sector privado aquí, en cambio, representó recursos adicionales a los que siguen recibiendo del sector privado, con escasa transparencia y rendición de cuentas en ambos casos.

Ciertamente que las campañas son cada vez más costosas, y lo seguirán siendo mientras no se modifique radicalmente la forma en que se desarrollan. Antes de solicitar mayor asignación de fondos se debieran tomar medidas que no las hagan tan costosas a través de regular su duración, fondo y forma. Más que solicitar aumento en los fondos que aportan los ciudadanos a través de los impuestos, lo que se debiera hacer es tratar de que sean menos costosas.

¿Cómo no pueden ser excesivamente costosas campañas que en realidad duran todo el tiempo que quieran los partidos; que empiezan por una precampaña interna de imnumerables precandidatos, seguida de bandereos, marchas y mítines; repetición del mismo proceso una vez definidas las candidaturas; utilización de los medios de comunicación con la sola limitación de los recursos económicos disponibles?

Lo que procede es más bien desterrar formas “premodernas” de hacer campañas políticas e introducir maneras modernas, creativas, eficientes y, por consiguiente, menos costosas. Por ejemplo, debates televisivos y radiales entre candidatos en vez de movilizaciones de simpatizantes; persuasión en base a ideas y propuestas programáticas y no saturación y avasallamiento por un uso excesivo de recursos económicos; discurso por televisión y radio en sustitución de los mítines de final de campaña; propaganda “cara a cara” en las demarcaciones que la extensión territorial lo permitan; y otras tantas fórmulas creativas y eficientes que existen de lograr la voluntad de los electores.

En vez de solicitar el aumento de fondos, con la promesa de rendición de cuentas y mayor transparencia, lo que se necesita son campañas electorales reguladas y la utilización de formatos más modernos y eficientes.