Hoy 
A veces el país ha tenido abundancia de médicos, ingenieros, agrónomos y otros profesionales que por falta de plazas de trabajo afines con su preparación, se han visto forzados a ganarse el sustento en actividades ajenas a sus profesiones o emigrar. No es casual que en su Reporte de Desarrollo Humano 2009, la ONU anotara que de 20 países latinoamericanos, la República Dominicana ocupaba la séptima posición en fuga de cerebros. Dudamos que eso haya cambado.
Una de las causas de esta ocurrencia es que mercado laboral y universidades andan por distintos caminos. Salvo situaciones de excepción, estos dos sectores no han unificado esfuerzos para conciliar una oferta académica que se corresponda con la demanda de recursos humanos calificados que generan la industria y el comercio en virtud de su necesidad de ser cada vez más competitivos.
En la actualidad parecería que hay más abogados, técnicos en mercadeo y contables que los que demanda el mercado de trabajo y, en cambio, faltarían profesionales y técnicos de otras profesiones. Debe haber un acercamiento entre los sectores productivos y las universidades, que permita incentivar el estudio de las carreras más demandadas por la economía. Esto mejoraría la competitividad en varios sentidos, inclusive el de la remuneración.
Transparencia necesaria
Parece que el Ministerio de Trabajo tiene una carta que jugar para detener una práctica indebida atribuida por la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) a inspectores del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
Se trata del cobro, mediante intimación a propietarios de construcciones, de cotizaciones correspondientes a obreros móviles u ocasionales.
Según la denuncia de la DIDA, el IDSS no tiene facultades para efectuar ese cobro, y mucho menos para exigirlo en efectivo. Una resolución que autorizó al IDSS a hacer estos cobros hace tiempo que quedó derogada.
En aras de que predomine la transparencia en los asuntos relacionados con la seguridad social, el Ministerio de Trabajo y el IDSS deberán poner en claro las cosas en relación con estos cobros en efectivo en el sector de la construcción.
