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Compartimos la opinión de quienes consideran que un sistema de instrucción pública de calidad como el que pretendemos llegar a tener es el principal instrumento con el que puede contar el país para transformar las condiciones de vida de sus gentes y para pasar de la sociedad que tenemos a una más justa y solidaria. Creemos que es deber de este gobierno, y de los que lo sucedan, hacer cumplir con lo establecido en el artículo 63 de la Constitución de la República que consagra que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, y en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones; también, con lo establecido en la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2012- 2030 que propone una educación universal para todos desde el nivel inicial hasta el nivel superior.
El Pacto Nacional por la Reforma Educativa 2014-2030 fue concebido por el gobierno del presidente Danilo Medina como una estrategia integral que recogiera la voluntad de los expertos y gestores del sector educativo, de las instituciones gubernamentales, de los dirigentes de los partidos políticos, de los empresarios, de los líderes comunitarios y sindicales así como de otros sectores. Esto sin perder de vista el hecho de que escolarización de masas no es en sí misma una demanda del sistema económico por cuanto éste no requiere abundancia de mano de obra calificada. Esto se relativiza en cierta manera para las tareas fabriles, a pesar de que tampoco en ellas los requerimientos de instrucción suelen ir más allá de los elementos que poseen las personas semi analfabetas. Para otras funciones como las del comercio o la administración pública sí es imprescindible un adiestramiento que vaya más allá al que ofrece la enseñanza básica.
El accionar del Pacto Nacional para la Reforma Educativa se orienta a democratizar el acceso de todos a la educación; a garantizar la calidad y pertinencia del aprendizaje en todos los niveles del saber; a dignificar la carrera docente; y a instaurar un sistema de evaluación de la calidad de los servicios. El principal valor agregado de dicho Pacto sería el que logremos implementar mecanismos adecuados y transparentes para el cumplimiento de cada uno de los compromisos que todos asumimos. ¿Estamos o no en camino de alcanzar esos fines? Tal y como nosotros lo apreciamos, el Pacto Nacional para la Reforma de la Educación 2014-2030 establece el marco para una amplia experiencia en materia de reforma de la educación que tardará algunos años en desarrollarse.
Nadie puede prever con certeza cuáles serán los resultados de sus diversas innovaciones, y no cabe la menor duda de que en el transcurso de su aplicación hará falta introducir numerosas correcciones, por lo que será muy importante ofrecer un control y evaluación continua del avance y progreso de la reforma por parte de analistas independientes, tal y como se ha venido haciendo con la creación de veedurías de los compromisos asumidos bajo la responsabilidad de las instituciones rectoras.
Al efecto, en la página 2 y 3 del primer informe sobre la puesta en marcha de los compromisos asumidos en el Pacto leemos que: “para asegurar la ejecución de las acciones derivadas del cumplimiento del Pacto Educativo, la realización de sinergias y el ajuste en la planeación, se instituye un sistema de seguimiento y monitoreo que ha permitido que las instituciones compromisarias con responsabilidad directa reporten sus acciones y/o actividades de su gestión para el logro de los acuerdos”.