En nuestro país la economía informal es el ámbito que garantiza más plazas de trabajo, y aunque por un lado es un alivio para el desempleo, tiene costos sociales muy altos. En el ámbito de las prestaciones sociales, la economía informal condena a la exclusión a miles de trabajadores y sus familias que carecen de seguro médico y que están fuera de los mecanismos que les garantizarían  una pensión a la hora de su retiro de los  medios de producción. En este segmento de la economía está el mayor número de personas que generan ingresos económicos pero no cotizan para el seguro familiar ni acumulan fondos para pensión, pero constituyen un lastre para el régimen subsidiado. 

Por estas y muchas otras razones, entre ellas las de orden fiscal, el Estado tiene que desarrollar políticas que faciliten la formalización de los medios productivos informales. El actual Gobierno, con su programa de apoyo crediticio a las mipyme, ha logrado inducir a la formalización en ese segmento, pero no en el grado que requiere la economía del país. Hace falta crear las condiciones para que las ventajas de la formalización superen a las que logran las empresas informales a través de la elusión y la evasión fiscal. Una política con estos objetivos contribuiría a incrementar los ingresos del fisco, expandir la cobertura en prestaciones sociales y sería una especie de desagravio fiscal para las empresas del régimen formal.

 EL ESTIGMA DE SER REPATRIADO

El Estado no tiene una política definida para los dominicanos que son repatriados de los Estados Unidos después de haber cumplido condena, unos por delitos y crímenes relacionados con las drogas y otros por violaciones no tan graves. El hecho es que al llegar a su país esa gente queda aislada, sepultada bajo el estigma de la repatriación. Todos despiertan la misma suspicacia, la misma desconfianza. Nadie les da empleo.

  El Estado debería interesarse por la suerte de esta gente. Se supone que muchos quisieran tener la oportunidad de regenerarse y ser útiles. El Estado debe crear las condiciones para que los que se inclinen por rectificar encuentren la forma de hacerlo. Es también una forma de tener a esta gente a la vista. Pero ni hay seguimiento sobre las acciones de los repatriados, ni hay oportunidad de rectificar. El Estado también tiene la obligación de  hacer volver al redil sus  ovejas descarriadas.