PEDRO GIL ITURBIDES
Ronda, más como temor que como información, la confusa versión de que se nos aplicaran nuevos impuestos. Por nueva vez escribo señalando que no está la economía dominicana, preparada para recibir tal andanada. Pese a la relativa estabilidad del mercado monetario, los precios de los productos se mantienen tanto o más altos que cuando el dólar valía cincuenta pesos nacionales. Esta última forma de impuesto regresivo está lesionando al bolsillo y la salud emocional de las gentes. Y sobre ello debe cavilar el administrador público.

Hace poco pudo leerse que, tras una sesión del equipo económico dependiente del Poder Ejecutivo, se determinó coartar la capacidad crediticia de entidades centralizadas y autónomas. Con la sola lectura de aquella noticia, no pude menos que pensar dónde se hallaba el administrador fiscal, tras el discurso de toma de posesión de agosto de 2004. En los pronunciamientos hechos el 16 de ese mes y año, el doctor Leonel Fernández contrajo el compromiso de reducir el gasto público.

Dos años más tarde, se nos anuncia la limitación a la capacidad de edeudamiento del sector público vinculado al Poder Ejecutivo y sus entidades autónomas. Esta disposición bien pudo tomarse al día siguiente del discurso de juramentación. Lo mismo que pudo evitarse el aumento de la nómina pública, que tan fácilmente drena toda forma de ingreso fiscal. Más no es la nómina, el único mecanismo para acabar con el tesoro público.

La liberalidad en el endeudamiento por cualquier quítame esta paja es, también procedimiento adecuado para ello. Y gastos operativos tan diversos como dispersos, cuales son los de pago de combustibles, telefonía y comunicaciones incontrolables, adquisición de vehículos automotores, son apropiados a este fin. La lista de estos gastos innecesarios podría ser extensa, y cansona. Un buen administrador, al examinar los egresos en que incurre aquello que administra, puede determinar lo esencial y eludir lo superfluo. Esa tarea es propia de quienes secundan a un Presidente de la República. Pero también del Primer Magistrado de la Nación.

Joaquín Balaguer, en los años en que mantenía todos sus atributos, manejaba de manera personal estas cuentas. En una oportunidad, habiéndole solicitado se pintase el edificio de la Biblioteca Nacional, rechazó tal pedido. Alegó que pasaba por el frente de la institución cada día, y que no veía razones para que se gastase ese dinero en ello. Le explicamos que debido a las excavaciones para erigir el nuevo edificio el Banco Central de la República, un polvillo rojo se adhirió a las blancas paredes de la Biblioteca. Déjeme pensarlo, reclamó.

Con posterioridad, tras una visita que hiciese a la institución, dispuso se realizase el gasto. Luis del Villar, subdirector de la Oficina Nacional de Presupuesto, ejecutivo de esta entidad, nos llamó. Deseaba darme una explicación, dijo, sobre la tardanza del mandatario en disponer esos trabajos. Debo decirte, sin embargo, que él -se refería al Presidente Balaguer-, aceptó ordenar esos trabajos para complacerte. Pero me dijo que en realidad con el simple lavado de las paredes se podía recobrar la brillantez de la pintura.

Tal vez no deba llegarse hoy a tales extremos. De hecho, mucho de los adversarios de Balaguer sostenían que era poco inclinado a establecer apropiaciones presupuestarias destinadas al mantenimiento de la infraestructura pública. Pero no extraigo de los recuerdos esta anécdota, sino para señalar cómo un hombre preocupado por generar ahorro público, manejaba, peso a peso, el ingreso fiscal.

Porque su fórmula se basaba en lograr que el Gobierno Dominicano gastase menos de lo que le ingresaba por impuestos, ventas de bienes y servicios y otros ingresos. Creía a fe ciega, además, en que el crecimiento real del país, no el que se mide en papeles y nadie advierte, se lograba por la inversión. Pero no creía en una inversión que dependiera del endeudamiento externo. Bastaría analizar las partidas de inversión, sobre todo del período denominado de los doce años, para conocer de tal inclinación.

Su fórmula de oro se basaba en la idea de que un sostenido ahorro público debe contribuir al desarrollo nacional.