La Mesa de Políticas  Sociales del Foro Ciudadano calificó hoy de preocupante el enorme déficit habitacional que se mantiene en República  Dominicana, donde más de tres millones de personas que conforman cerca de 860 mil hogares todavía no cuentan con una residencia  para vivir.

La entidad aseguró que el déficit evidenciado por los propios organismos del Poder Ejecutivo demuestra fallas profundas en las políticas habitacionales que se  han ejecutado en los últimos 13 años.

Además, señaló que cualquier esfuerzo serio para reducir el déficit habitacional debe reflejarse en el Presupuesto General del Estado, ya que en la última década la inversión pública en vivienda apenas ha promediado el 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB)  de la nación, lo que  representa sólo una  sexta parte de lo sugerido por el Programa de  Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el 2010.

Según los técnicos de la Mesa de Políticas Sociales, el tema de la vivienda digna y el hábitat saludable, va más allá de tener acceso a cuatro paredes, piso y techo, por lo que las autoridades deben definir con prontitud una política de vivienda y urbanismo que garantice la seguridad jurídica de la propiedad.

También se debe garantizar el acceso a servicios básicos como agua y alcantarillado; movilidad plena y segura dentro de ciudades que prioricen el peatón; fomento del espacio público para recreación y ocio; y respeto al medio ambiente.

“Para lograr estos objetivos se debe  eliminar la dispersión en las funciones entre diferentes entidades públicas. Necesitamos una  política coherente que no sea marcada por la falta de transparencia que caracteriza al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)”, destacó la unidad del  Foro Ciudadano mediante documento remitido a los medios de comunicación.

Aunque la Mesa saludó la intención del gobierno del presidente Medina  de asegurar la titulación de propiedades con el Proyecto de Ley de Estrategia de Titulación de Inmuebles y la creación de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, Foro Ciudadano consideró que los esfuerzos para lograr la protección jurídica de las cientos de miles de familias en riesgo de desalojo han sido insuficientes y deben reanudarse.

Finalmente,calificó como  ilegal el hecho de que las construcciones de viviendas por parte del Estado no sean accesibles a personas con discapacidades físico-motoras o de otra índole. Llamó a que se garantice la participación de organizaciones de personas con discapacidad en la formulación y ejecución de las políticas de vivienda.