La conveniencia o no de crear una jurisdicción administrativa autónoma y paralela al Poder Judicial como está planteado en el proyecto de reforma constitucional que cursa en el Congreso, fue objeto de discusión y análisis en el marco del Tercer Foro Finjus-HOY, donde connotados juristas nacionales, aún con posiciones encontradas, hicieron importantes aportes sobre el tema.

Tanto el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), doctor Servio Tulio Castaños Guzmán, como los expositores invitados, doctora Rosina de la Cruz Alvarado, licenciado Olivo Rodríguez Huertas y la magistrada Sarah Henríquez Marín, expusieron sus   puntos de vista sobre el tema partiendo de las causas que dieron origen a la creación del sistema jurisdiccional en el país, y las  que  han impedido que en la administración  del Derecho, haya un verdadero equilibrio.

Castaños Guzmán dijo que la FINJUS es abanderada  de una jurisdicción contencioso-administrativa dentro del Poder Judicial, por considerar que una jurisdicción  autónoma es contradictoria del control administrativo, además  que tendría superpoderes administrativos, de gobierno y disciplinarios, similares a los que el proyecto  de reforma le sustrae a la Suprema Corte de Justicia y traspasa al Consejo del Poder Judicial.

Recordó que el traspaso de las funciones del Tribunal Superior Administrativo a la Cámara de Cuentas en 1951, constituyó un verdadero obstáculo en el camino de someter a la administración pública a la legalidad  y proteger los derechos fundamentales de las personas frente al Estado.

Consideró que sería contraproducente que después que la Ley 13-07 traspasó dicha jurisdicción al Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, y éste haya venido realizando una labor encomiable, “nos lancemos a probar una propuesta que, aunque posible, corresponde a una visión contradictoria del control administrativo, como es la creación de una jurisdicción paralela”.

Coincidente con esa posición  estuvo Rodríguez Huertas, no así la   doctora De la Cruz Alvarado quien favorece  la creación de dos jurisdicciones separadas e independientes.

Un mito.   Rodríguez Huertas afirmó que la idea de crear una jurisdicción administrativa paralela y sin vínculo alguno con la Suprema Corte de Justicia para  juzgar los actos del “Poder” solamente procura debilitar al Poder del Estado que mayores avances institucionales ha tenido en la última década.

Dijo que la propuesta de justicia administrativa y la separación de poderes contenida en el proyecto de reforma constitucional, es un viejo “mito” que surgió durante la Revolución Francesa, sustentado en el temor de los revolucionarios franceses respecto del papel jugado por los Parlamentos Judiciales, “no por el ejercicio de la función jurisdiccional”, sino  porque  incursionaban en funciones legislativas y de orden público.

“La introducción de este viejo anacronismo en una Constitución del Siglo XXI, sólo se explica dentro de un contexto que procura debilitar el Poder del Estado que ha tenido mayores avances institucionales en la última década”, puntualizó Rodríguez Huertas.

La advertencia. Aunque dijo ser partidaria de dos  órganos jurídicos distintos, separados e independientes, la doctora De la Cruz Alvarado consideró que la división de poderes como está planteada en la reforma Constitucional en nada contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, porque está basado en el  debilitamiento del Poder Judicial.

Dijo que como órgano de “contrapeso”  entre los tres poderes del Estado, el Poder Judicial debe contar con las estructuras judiciales necesarias.

Resaltó que en el mundo se ha probado que el mejor sistema  es aquél que ubica el control contencioso administrativo en el poder judicial, pero con otra jurisdicción especializada.

A su entender, al proyecto de reforma constitucional que cursa en el Congreso  lo que le falta sobre ese tema  es decir diferenciar claramente las funciones de ambos órganos.

“Es decir, tenemos que hacer una división  pero del poder verdadero que es el Ejecutivo, porque hacer una división del poder más débil de los tres poderes del estado, que es el Poder Judicial, no contribuye en nada al fortalecimiento del estado de derecho que queremos garantizar”, puntualizó.

Desempeño y carencias. La magistrada   Henríquez Marín, de su lado centró su exposición en resaltar el desempeño de la jurisdicción a su cargo, a partir de que  la Ley 13-07, del 5 de febrero del 2007, concentrara en ella las competencias de los tribunales Superior Administrativo y Contencioso de los Monetario y Financiero, y de la necesidad de crear otra Sala y aumentar el número de  jueces.

 Pide reflexión. El presidente del Consejo Directivo de la FINJUS, Marino Ginebra Hurtado, manifestó esperar que lo reflexionado en el Foro sirva de luz en el proceso que vive el país para producir las reformas que en el área judicial necesita el país. 

Los protagonistas

Rosina de la Cruz

Doctora en Derecho

En la actualidad es profesora universitaria, miembro del Consejo de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, y de la Finjus. Expuso en el Foro sobre “La justicia Administrativa”

Olivo Rodríguez

 Licenciado en Derecho

Experto en Derecho  Administrativo y profesor de la materia en las universidades Católica Madre y Maestra (PUCMM), e Iberoamericana (UNIBE). Trató el origen de la separación jurisdiccionales.

Sarah Henríquez

Doctora en derecho

 Ocupa en la actualidad el cargo de presidenta del Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, organismo del cual forma parte desde el año 1999 cuando fue elegida por la Suprema Corte de Justicia como miembro.