No hay dudas de que el problema del narcotráfico y el crimen organizado transnacional constituye una de las principales amenazas a la seguridad en la Cuenca del Caribe. El desarrollo del fenómeno se caracteriza por: a) la marcada incidencia de acciones de redes transnacionales vinculadas al trafico de drogas; b) el vertiginoso desplazamiento de grupos controladores del negocio de las drogas, los cuales al ser enfrentados con dureza en el norte de México están reorientando su acción hacia la zona centroamericana y caribeña; c) el desplazamiento de las redes transnacionales vinculadas al trafico de drogas, las que profundizan las acciones de las pandillas, el secuestro y sicariato, el tráfico de armas pequeñas y ligeras, de personas y otros delitos, otrora considerados de baja intensidad o locales.

Abordar el crimen organizado parece ser una tarea compleja. El crimen organizado existe para proveer bienes y servicios ilegítimos que el público demanda, o bien para proveer bienes y servicios tanto lícitos como ilícitos, pero de manera ilícita. Lo central además de su compleja organización y las redes de articulación que utiliza radica en la amenaza o el uso de la fuerza para sus actividades y  la corrupción como instrumento principal para erosionar las capacidades de los Estados y las instituciones políticas, económicas y sociales donde se instala, aumentando la impunidad de sus acciones.

El crimen organizado es una empresa ilegal, aunque por lo general estas empresas o asociaciones ilegales lo que hacen es penetrar negocios legítimos. Su carácter transnacional es consecuencia del fenómeno de la globalización y su objetivo es esencialmente económico, con uso de grandes recursos que compiten en muchos casos con los que disponen los Estados vistos particularmente. En la mayoría de los casos su organización se caracteriza por la “coherencia interna” y el alto grado de especialización y sofisticación; así como por su estructura jerárquica.  A este respecto, carteles de las drogas duramente enfrentados en algunos países de América Latina, apresando a sus principales cabecillas se han dispersado y fragmentado de forma considerable generándose un segundo o tercer nivel de puestos en la organización de estas redes.

El enfrentamiento del tráfico demanda tanto la represión, como la utilización de recursos de inteligencia sofisticada para la localización de los traficantes y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales del Estado para la persecución y penalización.

El paradigma convencional para la lucha contra tráfico de drogas se remite a la Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas (1988). Esta reconoció la amenaza del trafico de drogas a la seguridad de los países, la penalización de las diversas conductas y la incorporación de sanciones penales a los diferentes niveles involucrados en la cadena, desde la producción hasta el consumo de drogas; el lavado de dinero, los decomisos, las expropiaciones de bienes, la extradición, entre otros.

A más de dos décadas de la estrategia de las Naciones Unidas y con el incremento del tráfico de drogas y el microtráfico en la Cuenca del Caribe, este régimen internacional tiene que ser evaluado en sus principales propósitos: la necesidad de afrontar el problema de la demanda, vía la prevención; el monitoreo realizado a través de observatorios nacionales de drogas; el fortalecimiento de la asistencia financiera, técnica y de capacitación a los países en la lucha contra el tráfico ilícito de personas; el establecimiento de mecanismos para intercambio de información, la asistencia judicial en materia penal y el fortalecimiento de los mecanismos de cooperación existentes para prevenir el desvío de precursores y sustancias químicas sujetas a fiscalización internacional.