El Departamento de Estado de los Estados Unidos publica cada año los Investment Climate Statements (ICS), o Informes sobre el Clima de Inversión, en los que examina las condiciones de inversión en alrededor de 170 países. Sus análisis abarcan dimensiones clave: apertura a la inversión, marco legal, protección de la propiedad, sistema financiero, corrupción, políticas laborales y seguridad.
El primer informe de esta serie vio la luz en 1995, en cumplimiento de un mandato del Congreso estadounidense contenido en la Ley de Comercio y Competitividad de 1988.
Desde entonces se publican de manera anual y, a partir de 2001, se consolidaron en un solo volumen de alcance global.
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Mirar el informe correspondiente a 2025 de manera aislada sería como contemplar apenas una hoja y no el árbol completo: impediría ver la tendencia. Esa mirada de conjunto revela que se han logrado avances significativos para erradicar prácticas que durante décadas enturbiaron el clima de inversión. Sin embargo, aún brotan rebrotes de la mala hierba, sombras que sobreviven en los charcos de antiguas costumbres, sembradas por semillas que guardan la memoria de los siglos.
La comparación del informe de 2025 con los anteriores permite concluir que la República Dominicana ha mejorado de manera clara y sostenida su clima de inversión. Se han fortalecido los incentivos, se han perfeccionado instituciones, crece el compromiso con la transparencia y la lucha contra la corrupción, y se advierte una mayor conciencia en torno a la sostenibilidad y al cambio climático.
Pero los retos persisten. Todavía pesan obstáculos en áreas como la eficiencia judicial, la certeza legal, la burocracia, el cumplimiento normativo y la corrupción, que frenan el pleno despliegue de la inversión extranjera.
Las fortalezas del país son evidentes. Su posición lo ha convertido en uno de los principales receptores de inversión extranjera directa en el Caribe y Centroamérica. A ello se suma la membresía en acuerdos como el DR-CAFTA, que le otorgan ventajas competitivas notables. También son visibles los avances en fortalecimiento institucional y en la lucha contra formas más evidentes de corrupción.
No obstante, la senda exige más. Es necesario agilizar los procedimientos judiciales y administrativos, elevar aún más la transparencia y hacer efectivo el cumplimiento de leyes y normativas, en especial en materia de competencia, estándares y regulaciones.
Hay motivos para celebrar lo alcanzado, pero la complacencia no es opción en un mundo tan competitivo como el actual. Del mismo modo que no basta cobijarse en la sombra de un árbol para comprender la espesura del bosque, tampoco alcanza con observarlo desde fuera: se requiere hurgar en sus raíces y vigilar que no broten las malas hierbas que amenazan con debilitar a los árboles de buenos frutos.