MEXICO (EFE).- El presidente de México, Vicente Fox, dirá personalmente a su homólogo estadounidense, George W. Bush, que no acepta que Washington sea «certificador» de su país en materia de derechos humanos y lucha antidrogas, dijo ayer una fuente oficial.

   Fox, quien visitará a Bush el 23 de este mes, le dirá «con toda franqueza que México quiere una buena y productiva vecindad con EEUU y no un gobierno »certificador» de sus asuntos internos», dijo el secretario de Gobernación (Interior), Santiago Creel.

   Funcionarios del gobierno mexicano harán esa misma advertencia a la secretaria estadounidense de Estado, Condoleeza Rice, quien visitará la próxima semana al país para preparar la reunión de los dos mandatarios, declaró Creel en una conferencia de prensa.

   «Sin duda, se le hará ver (a Rice) que estos señalamientos no ayudan a solucionar los problemas que conciernen exclusivamente al Gobierno y la sociedad de México, y que no aceptamos que un Gobierno extranjero se convierta en »certificador» de nuestras acciones», abundó el ministro.

   Creel aludió así a un informe emitido el lunes por el Departamento estadounidense de Estado, que mencionó «serios problemas» de violencia asociada con el narcotráfico y de violaciones a las garantías fundamentales, en especial en regiones mexicanas habitadas mayoritariamente por indígenas.

   «Deseamos tener una buena vecindad con EEUU, un socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, que completa Canadá) y no un vecino »certificador» que a menudo esté haciendo señalamientos, independientemente de la veracidad que éstos puedan tener», enfatizó Creel.

   Añadió que, de todos modos, el Gobierno de Fox «no toma en serio» el informe estadounidense porque está «plagado de errores».

   «No podemos tomar en serio un informe que ignora que en la Suprema Corte de Justicia (de México) hay dos magistradas y que desconoce el Programa Nacional de los Derechos Humanos que se lleva a cabo en coordinación con la ONU», abundó el titular de Gobernación.

   Creel dijo esperar que los «frecuentes señalamientos» estadounidenses sobre la violencia, la lucha antidrogas y la política de Derechos Humanos en México no obedezcan a una «acción dirigida» de Washington.

   «Espero que no sea una acción dirigida», declaró el alto cargo, al responder a una pregunta sobre si creía que detrás de las acusaciones de EEUU se escondía un plan para debilitar la candidatura del canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

   Washington apoya al ex presidente salvadoreño Francisco Flores para ocupar el máximo cargo de la OEA, al que también aspira el ministro chileno del Interior, José Miguel Insulza.

   Creel, a cargo de la política de seguridad interior, migración y garantías fundamentales en México, afirmó que el Gobierno de Fox «tiene claro el diagnóstico de la situación de los derechos humanos y sabe que falta mucho por hacer en esa materia, pero no acepta injerencias en sus asuntos internos».

   Antes de la declaración de Creel, la vicecanciller mexicana para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Patricia Olamendi, indicó que su Gobierno desestima el reporte de Washington porque es «unilateral» y «parcial» y que, en cambio, se acoge a los que emiten la ONU y la OEA.

   «Nunca hemos tomado en consideración el informe en materia de Derechos Humanos que emite el Departamento de Estado norteamericano. Siempre hemos señalado que un ejercicio unilateral en esa materia no nos beneficia», enfatizó Olamendi.

   El Departamento de Estado manifestó el lunes su preocupación por los «serios problemas» de violencia asociadas con el narcotráfico que persisten en el norte y suroeste de México.

   Asimismo, señaló que en los sureños estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, habitados mayoritariamente por indígenas, hay un clima de derechos humanos que deja mucho que desear.

   Pese a desestimar el reporte del Departamento de Estado, la vicecanciller Olamendi admitió que hay un problema «estructural» en México para lograr la plena vigencia de las garantías fundamentales e instó al Congreso a aprobar varias iniciativas al respecto presentadas por el Gobierno de Fox.