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El Partido Fuerza del Pueblo (FP) sometió una instancia de extrema urgencia al Tribunal Superior Electoral (TSE), en la cual solicita que sean tomadas medidas provisionales en la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral (JCE), tendentes a preservar la pulcritud y diafanidad de los resultados computados en las elecciones del próximo 5 de julio.
La organización pide a los magistrados del TSE ordenar en atribuciones de referimiento, como medida provisional, hasta tanto sean adoptadas las medidas definitivas (judiciales o administrativas), que la referida Dirección pase a ser controlada por una dirección colegiada provisional, o que, de lo contrario, la JCE proceda a designar su Director con el consenso de los partidos políticos.
La FP sugiere que la Dirección de Informática “quede bajo el control de una dirección colegiada provisional, coordinada por un Director Ejecutivo, a ser elegido por la JCE entre una terna presentada por la Asociación Dominicana de Universidades, Inc.; acompañado de sendos representantes de cada una de las coaliciones de partidos con candidaturas presidenciales, y de un técnico designado por Participación Ciudadana, Inc. y otro designado por los veedores que integran la Comisión de Acompañamiento, estos últimos en representación de la sociedad civil”.
Antonio Florián y Manuel Crespo, secretario general y delegado político de la FP, respectivamente, al someter la instancia de extrema urgencia-referimiento, indicaron que la organización sólo quiere garantizar y fortalecer la pulcritud de los resultados de las elecciones congresuales y presidenciales del 5 de julio.
“De manera subsidiaria, y solo para el caso hipotético de que las medidas anteriores no fueran consideradas pertinentes por ese honorable Tribunal Superior Electoral, ordenar a la JCE proceder -previa consulta con los partidos políticos- a la designación del Director de Informática de dicha institución, como lo manda el art. 16 de la Ley Orgánica 15-19, sobre Régimen Electoral”, señala el documento sometido.
“En cuanto al fondo, comprobar y declara el carácter vinculante de la auditoría convenida entre la Junta Central Electoral (JCE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), conforme acuerdo suscrito entre dichos órganos de derecho público en fecha 2 de marzo de 2020; y que los hallazgos de dicha auditoría vinculante retienen responsabilidad -por falta de previsión e incompetencia técnica- a la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral (JCE)”, explican.
Asimismo, recuerdan “que la organización política accionante ha reclamado a la JCE la adopción de medidas sancionadoras definitivas y de medidas provisionales (mientras no se lleven a cabo las primeras), tendentes a garantizar la idoneidad y pulcritud de la Dirección de Informática, reclamo que ha sido ignorado por completo por dicho órgano”.
La organización opositora está representada por los abogados Manuel Arturo Fermín Cabra, Manuel Ulise Bonnelly Vega, Miguel Ernesto Valerio Jiminián, Raúl Martínez Martínez y Edward Veras Vargas.
