POR LOYDA PEÑA
La imposibilidad de un consenso entre los tres partidos mayoritarios y la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) impidió ayer el conocimiento del proyecto mediante el cual se sustituye la Ley 3455 sobre organización municipal, que cursa en la Cámara de Diputados.
Una comisión de ediles encabezada por el síndico de Santiago, José Enrique Sued, acudió ayer a la Cámara Baja para gestionar la aprobación del proyecto, sin resultado positivo alguno.
La pieza debió ser remitida nuevamente a la comisión que lo estudió, con plazo fijo hasta el día 18, debido a que según informó su presidente, el diputado Remberto Cruz, informe que debían rendir ante el hemiciclo, todavía existen discordancias entre sus integrantes. El tranque con relación a la modificación de la referida Ley consiste en que la nueva legislación despojaría a las salas capitulares de algunas facultades para otorgárselas a los síndicos.
De acuerdo con los voceros de los partidos, Reformista Social Cristiano (PRSC), Ramón Rogelio Genao, y Ovi Saldíval, del Revolucionario Social Demócrata (PRSD), la nueva ley sobre organización municipal quita a las salas capitulares la facultad de elegir al tesorero del cabildo y a los síndicos de los distritos municipales y otorga esa autoridad a los síndicos.
Ambos legisladores afirmaron que sus respectivos partidos favorecen que esas dos responsabilidades continúen siendo de las salas capitulares, no de los síndicos, porque, según alegaron, los asuntos de materia legislativa municipal son diferentes a los asuntos administrativos, que es lo que corresponde a los síndicos.
Otros diputados que también se oponen alegaron que el argumento de los que promueven ese cambio es que los regidores chantajean a los síndicos.
En cuanto al Código Penal, también se le dio un plazo hasta el día 18 a la comisión que preside el diputado José Ricardo Taveras, para que rinda su informe.
En la sesión de ayer, los diputados aprobaron nuevas pensiones del Estado en favor de particulares, así como varias resoluciones, entre ellas, un convenio entre el país y el Reino de España, sobre ejecución de sentencias penales y otro sobre cooperación técnica y científica con Colombia.