A seis años de administrar la cosa pública, las presentes autoridades reciben muy malas calificaciones en lo que respecta al sistema de salud de la nación. Entre esos indicadores deteriorados podemos señalar el altísimo índice de mortalidad materno infantil que exhiben nuestros hospitales, del mismo modo tenemos que mencionar el incremento del embarazo en niñas y adolescentes, tema sobre el cual hemos notado más relaciones públicas que acciones concretas para reducir esta práctica generadora de miseria y de pobreza en nuestro país.
Junto a todo este cuadro lamentable de indicadores que avergüenzan nuestra República, tenemos que señalar el fracaso debido a las improvisaciones que desde el central gobierno y las autoridades del área de la salud, entiéndase el Ministerio de la Salud y el Servicio Nacional de Salud, en lo concerniente al progresivo deterioro de los principales hospitales provinciales, municipales y regionales, así como la tardanza en el proceso de reconstrucción de 56 hospitales que que inicialmente fueron incluidos en un positivo proyecto de restauración de los mismos, pero que al transcurrir el tiempo este bueno y planificado deseo ha sido convertido en una verdadera pesadilla para los ciudadanos que acuden a los centros hospitalarios públicos con la intención de ser beneficiados con un derecho consagrado en nuestra Carta Magna, el derecho a la salud.
Como si eso no fuera suficiente, tenemos que escuchar de manera permanente las demandas de los contribuyentes para que cosas tan elementales como un tomógrafo para el hospital regional infantil Arturo Grullón de Santiago, sea entregado a este importantísimo centro de salud, ni hablar del justo reclamo que durante mucho tiempo ha estado haciendo el municipio de Neiba de la provincia Bahoruco, para la construcción de un hospital digno para esa provincia fronteriza.

Todo esto ocurre en un ambiente donde el cartel de la Seguridad Social que opera con la permisividad del presente gobierno, se lleva millones de dólares de beneficios que van a parar a bolsillos de particulares en detrimento del ciudadano contribuyente.