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Francelys Furcal / Foto Guillermo Burgos
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra Francelys María Furcal Rodríguez, acusada de matar al comerciante de nacionalidad china, Zongxin Chen.
La imputada deberá cumplir la medada de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
El Ministerio Público acusa a Furcal Rodríguez de homicidio voluntario y uso de pasaporte falso, delitos tipificados en los artículos 295 y 304, 153 y 154 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan dichos delitos.
Dentro del presente hecho, Francelys Furcal, además es acusada de violentar las disposiciones contenidas en los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Sobre el hecho
De acuerdo a la instancia depositada, el hecho ocurrió el 21 del 2022, en el comercial Z&C del Ensanche Luperón, cuando la imputada Francelys María Furcal Rodríguez, en medio de un altercado entre ambos, le propinó una estocada en el abdomen al nacional chino que le produjo la muerte.
Posteriormente, Furcal Rodríguez emprendió la huida, quedando grabada la secuencia de hechos en las cámaras de seguridad.
Al día siguiente, intentando evadir la justicia dominicana y haciendo uso de maniobras fraudulentas, la imputada Francelys María Furcal Rodríguez salió por el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, con destino a Medellín-Colombia y de ahí a Brasil, haciendo uso de un pasaporte a nombre de Denny María Rodríguez Hierro.
Luego, continuó su recorrido hacia Sao Paulo-Brasil, utilizando en esta ocasión identidad colombiana, a nombre de Rina Vásquez Sarabia. La imputada Francelys María Furcal Rodríguez, evadió los sistemas migratorios y prosiguió hacia Qatar-Emiratos Árabes Unidos y desde allí abordó un vuelo para llegar a Francia, con España como destino final, donde le esperaba su pareja sentimental.
El 6 de mayo fue ejecutada la orden de arresto, luego de que las autoridades españolas acogieron la solicitud de extradición del Ministerio Público, realizada a través de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos, en coordinación con la Fiscalía del Distrito Nacional, para su enjuiciamiento por los hechos que se le imputan.
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