Este 1 de junio, el Parlamento francés aprobó definitivamente una propuesta de ley destinada a controlar las prácticas de los influencers, tras meses de polémica en el sector.

Es la primera ley en Europa que regula las prácticas comerciales de las estrellas de internet. La ley se dirige a los influencers, por supuesto, pero sobre todo a la forma en que utilizan su fama para hacer publicidad.

La primera novedad es que, para definir mejor a quién afectará esta ley, se fijará la condición de influencer. Los influencers son personas físicas o jurídicas que utilizan su audiencia para promocionar productos o servicios a cambio de una remuneración. Se calcula que en Francia hay unos 150.000 influencers.

Campo de la medicina

Una vez establecida esta premisa, la ley permitirá regular la publicidad difundida por los influencers, por ejemplo, con la obligación de indicar las colaboraciones comerciales con la palabra «publicidad» de forma clara y legible a lo largo del vídeo.

Pero sobre todo, ahora estará prohibido ensalzar las bondades de la cirugía estética o de cualquier procedimiento médico presentado como comparable a un protocolo terapéutico. Se acabó pues el tiempo de la publicidad de productos milagrosos para combatir la obesidad o el cáncer.

Debido a la promoción de productos peligrosos, y a acusaciones de fraude, las presiones para regular el mercado aumentaron. Los denunciantes han puesto en marcha demandas colectivas y la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión del Fraude (DGCCRF) publicó en enero de 2023 un estudio condenatorio sobre ciertas prácticas fraudulentas.

Controles fuera de Francia

Se creará un departamento para vigilar el cumplimiento de estas nuevas normas. La ley también obligará a plataformas como Instagram y TikTok a denunciar cualquier abuso. En cuanto a los influencers que incumplan la normativa, a partir de junio se enfrentarán a penas de hasta dos años de cárcel y una multa de 300.000 euros, incluso si tienen su sede en el extranjero.

Muchos influencers de éxito operan desde el extranjero, por ejemplo en Dubái, pero el texto pretende obligar a los que operan desde fuera de la Unión Europea, Suiza o el Espacio Económico Europeo a contratar un seguro de responsabilidad civil en la UE. El objetivo declarado es crear un fondo de dinero para indemnizar a las posibles víctimas. También tendrán que designar un representante legal en la UE.

La votación de este texto fue también un acontecimiento político. El proyecto de ley era transversal, contaba con el apoyo del Gobierno y fue aprobado por unanimidad tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado. La ministra de Comercio, Olivia Grégoire, alabó «el compromiso de los parlamentarios» y «la calidad de este trabajo».