El secretario de Interior y Policía y alto dirigente perredeísta, doctor Pedro Franco Badía, afirmó que si algún tipo de anomalía se ha producido en la distribución de vehículos del Plan Renove, no fue en su gestión y que comparecerá en las próximas horas ante el Procurador General de la República, «para poner las cosas bien en claro».

«Fui yo, precisamente, el que solicitó la realización de una auditoría operativa a las autoridades competentes, para que se determinara con meridiana claridad, cómo se manejaron durante algo más de un año, las cosas en el Plan Renove», sostuvo.

Franco Badía expresó que cumpliendo instrucciones del presidente Hipólito Mejía, sólo administró y distribuyó un 15 por ciento de las unidades del Plan Renove que le fueron asignadas para distribuirlas entre diferentes entidades públicas, privadas y descentralizadas.

Entre esas entidades, el secretario de Interior y Policía citó asociaciones estudiantiles, asilos de ancianos, iglesias católicas y evangélicas, así como entidades caritativas y educativas, como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El doctor Franco Badía manifestó que conserva en su poder un amplio expediente de cada uno de los minibuses repartidos por él en las provincias Independencia, Bahoruco, Barahona, Pedernales, Duarte, Santiago y en otras y que en su oportunidad fueron publicadas por algunos medios de comunicación que le acompañaron en sus recorridos por esas comunidades.

«Tengo en mi poder los nombres de los titulares de las instituciones beneficiadas, así como las direcciones, cédulas y números de teléfonos donde pueden ser localizadas las personas y entidades que recibieron cada una de las unidades distribuidas por mí», expresó el doctor Franco Badía exhibiendo un voluminoso dossier de papel contentivo de dichos documentos.

Deploró que aún cuando a él no se le sindica como autor de alegadas irregularidades, algunos sectores tratan de manchar su nombre y el de su familia.

Dijo que está organizando debidamente los documentos en su poder para depositarlos en manos del Procurador General de la República, doctor Víctor Céspedes Martínez, con el fin de solicitarle una investigación del período en que le tocó dirigir el Plan Renove.