La Altagracia. El vicepresidente de la Comisión de libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) para la República Dominicana, Miguel Franjul, criticó hoy los excesos que cometen agentes policiales o militares, entre ellos escoltas de funcionarios públicos contra periodistas, los cuales se han hecho frecuentes en el momento en que se producen disturbios callejeros, en algunos juicios controversiales en los tribunales o en actos públicos masivos.

De igual forma, Franjul advirtió que todavía predominan en el Código Penal bajo revisión otros artículos «que penden como Espada de Damocles sobre la garganta de la libertad de expresión».

Manifestó que contra esos artículos la SIP seguirá insistiendo para que sean eliminados del ordenamiento jurídico dominicano y los medios de comunicación puedan ejercer su misión «sin estas cortapisas».

En su informe sobre el estado de la libertad de prensa en la República Dominicana en el semestre octubre 2015-abril 2016, presentado ante la reunión de medio año de la SIP en Punta Cana, el director del Listín Diario dijo que si bien la prensa se ha liberado de estas rémoras, es un hecho preocupante la recurrencia con que reporteros y foto-reporteros o comentaristas de radio y televisión sufren agresiones físicas o amenazas o se exponen a presiones de todo género, «una tendencia en auge en los últimos años, coincidiendo con el incremento de las actividades del crimen organizado, los pandilleros y los delincuentes comunes».

Recordó que recientemente, los periodistas Danny Polanco y Socorro Monegro fueron heridos por disparos de escopetas y bombas de agentes policiales durante violentos enfrentamientos en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y frente a una oficina gubernamental contigua al Palacio Nacional.
Agregó que el autor de los disparos que hirieron al periodista Polanco, haciéndole perder la visión de un ojo, fue dado de baja y sometido a la justicia mientras al comandante de la tropa lo penalizaron con varios días de arresto.

Reveló las amenazas de muerte contra varios periodistas de provincias, las cuales han «menudeado» en la medida en que estos denuncian por medios digitales, televisivos, radiales o impresos, supuestos casos de corrupción en el manejo de recursos públicos en alcaldías, gobernaciones provinciales o dependencias del gobierno, o cuando difunden notas sobre las pandillas y los sometimientos de delincuentes en los tribunales.

Resalto que luego de una larga espera de tres años, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana anuló, a principios de este año, siete artículos de la ley sobre expresión y difusión del pensamiento, «desmantelando parcialmente el entramado de sanciones penales contra los llamados delitos de palabra que rige desde el 1962», acogiendo así un recurso de inconstitucionalidad incoado por tres diarios con el respaldo de los demás medios impresos que pertenecen a la Sociedad Dominicana de Diarios.

Explico que con este fallo, se anula el llamado «efecto cascada» por medio del cual el director de una publicación era considerado autor de un delito de difamación e injuria que hubiese sido responsabilidad de un tercero y que se comprobase en juicio, así como aquellos artículos que impedían a los medios publicar «denuncias o declaraciones dubitativas» que fuesen lesivas al honor de una serie de funcionarios públicos y diplomáticos, lo que francamente constituía una censura previa.

Dijo que en otro episodio que mereció la condena unánime de la Sociedad Interamericana de Prensa, la Sociedad Dominicana de Diarios y la mayoría de los medios de comunicación, la embajada de los Estados Unidos en el país impidió el ingreso de los periodistas de Diario Libre a una actividad a la que fue invitada la prensa.

Comentó que el diario atribuyó ese discrimen al hecho de que haber publicado una fotografía en la que aparece el embajador James–Wally–Brewster, quien es gay, junto a su «esposo», bañándose en la piscina de la sede diplomática en la celebración del «día del orgullo gay» junto con varias personas. Los ejecutivos del periódico comunicaron oficialmente su queja al Departamento de Estado.