El secretario de Interior y Policía, doctor Franklin Almeyda Rancier, un roble del PLD y una reserva moral del país, a ratos interpreta las leyes como si fueran directrices de su hogar, y resulta que no debe ser así.

Contrario al espíritu de la remendada pero nunca adecuada Ley 36 sobre Porte y Tenencia de Armas de Fuego, nadie puede ser despojado de un arma con el permiso legal de Interior y Policía, a menos que infrinja las leyes y agreda el portador a la sociedad.

Pero el 21 del presente mes de octubre, el doctor Almeyda Rancier, persona a quien admiro y respeto por su conducta vertical como plomada de albañil, declaró a la prensa que prohibirá el porte de armas de fuego con licencia legal a 202, 460 usuarios, un proyecto descabellado.

Las leyes y resoluciones que se saben no cumplirá y/o acatará la ciudadanía simplemente por lógica elemental, no deben promulgarse, y la ocurrencia del titular de Interior y Policía ciertamente que es una de ellas.

Resulta ilógico desarmar a la ciudadanía, porque la logística que supone esa ejecución no es posible realizarla ni en un mes, ni en un año, ni nunca.

¿Dónde está el personal para ejecutar una acción ilegal por demás?

El gobierno debe siempre imponer a la ciudadanía el criterio de que es el primero en respetar la ley, no en burlarse de ella o ellas. Ilógico por demás resulta intentar el imposible de desarmar a la ciudadanía un mes y no los otros once, que son iguales a diciembre, porque siempre se ingiere en el país más bebidas alcohólicas que leche y jugos, y también cómo Franklin Almeyda dispondrá una logística para proteger a los ciudadanos a quienes se despojen de sus armas, de los delincuentes que azotan cada vez más a nuestra sociedad.