Con todo y los perfeccionamientos que aún amerite, el sistema de la Seguridad Social ha representado una conquista legal, humana y determinante para el derecho a la calidad de vida de los dominicanos en una cuestión tan vital como es la salud y el retiro de los trabajadores con la garantía de una pensión digna.

En consecuencia, esta plataforma social tiene que ser preservada y fortalecida por el Estado y la sociedad en su conjunto para estar vigilante ante cualquier irregularidad o trastorno que pueda entorpecer su alta misión asistencial.

Esta previsión, que debe tener constante vigencia y aplicarse con la debida severidad, se impone en estos momentos en que todavía persiste un mecanismo fraudulento que atenta contra la estabilidad financiera del sistema de la Seguridad Social.

Es grave, escandaloso e inadmisible que estafadores que operan empresas fantasmas o inexistentes que algunos prefieren llamar eufemísticamente “virtuales”, se dediquen a incluir de forma anómala en los beneficios del régimen contributivo a personas que no pueden pertenecer al mismo porque carecen de un real puesto de trabajo.

Lo ideal es que todos los dominicanos, no importa su clase o condición social, tengan acceso al sistema de la seguridad, pero la inclusión tiene que realizarse de forma correcta, cumpliendo con los procedimientos de ley y en la categoría que corresponda para que sea sustentable en el tiempo.

La voz de alerta sobre un fraude que asciende a 100 millones de pesos al año ha sido dada desde la comisión senatorial que ventiló el espinoso tema, luego de escuchar una exposición de la Tesorería de la Seguridad Social y no debe quedarse, como en una oportunidad anterior, en denuncias que pasan sin tener consecuencias esclarecedoras y de sanción ejemplar.

El conocimiento de este feo embrollo tuvo un antecedente hace dos meses, ya que en un pormenorizado trabajo de investigación periodística presentado en el programa El Informe con Alicia Ortega se había puesto al descubierto la práctica fraudulenta que amenaza con poner en aprietos al sistema social.

Desde entonces y a pesar de las contundentes evidencias expuestas en ese programa, nada se ha hecho para que la justicia actúe y frenar lo que con toda propiedad el presidente de la comisión de seguridad social del Senado, José María Sosa, llama una especie de mafia que paga cotizaciones de empleados ficticios con salarios muy inferiores a los establecidos.

Sosa, quien es senador de San Pedro de Macorís, ha llegado más lejos al advertir que los fondos que se aportan a la Seguridad Social corren el riesgo de verse disminuidos si el fraude no se erradica y sus autores permanecen impunes como ha ocurrido hasta ahora.

Un dato que no deja dudas sobre la existencia del dolo y que puede servir de base a las investigaciones que realizará el Senado es una llamada que El Informe hizo por teléfono a una de las personas incluidas por una empresa fantasma. Ante la pregunta de en qué lugar trabajaba, la entrevistada tartamudeó y no pudo dar una respuesta concreta.

Aunque los patronos sostienen que la denuncia se limita a empresas que no existen, representantes del sector sindical afirman que la anomalía comprende también descuentos que firmas reales hacen a empleados y que no transparentan adecuadamente.

De cualquier forma, el asunto amerita una rápida y enérgica intervención para cortar de raíz las posibles complicidades que están detrás de este engaño que, además de la Seguridad Social, tendría consecuencias negativas en los recursos que manejan los fondos de pensiones.