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La insostenibilidad financiera del sector eléctrico ha perseguido a los gobiernos desde hace más de cuatro décadas y en la actualidad la presente administración se encuentra en la alternativa de enfrentar el problema y con ello eliminar una de las principales desventajas competitivas del país, o seguir posponiendo la reforma incumpliendo el programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de paso agravar la situación fiscal.
En la primera revisión del actual programa el Directorio del FMI otorgó dos dispensas a las autoridades, una de ellas por el aumento en 0.4 puntos del déficit del Gobierno central, básicamente por el aumento del subsidio eléctrico, y el otro por atrasos mayores a 45 días en el pago de la deuda corriente con los generadores. Se cumplieron todas las metas menos dos por el tema eléctrico.
En la segunda revisión en curso la misión del FMI elogió el proceso de recuperación económica, el cumplimiento de todas las metas fiscales y monetarias, también el cronograma de reformas estructurales, pero llamó la atención en retrasos observados en la reforma del sector eléctrico.
El sistema eléctrico es financieramente insostenible porque un alto porcentaje de los usuarios no paga el servicio.
En el 2009 del 100 por ciento de la energía entregada por los generadores a las distribuidoras, estas apenas pudieron facturar el 65.09 por ciento y de ese monto cobraron el 87.95 por ciento, resultando en pérdidas totales de 42.85 por ciento y esas pérdidas son absorbidas por una tarifa muy alta para los clientes que pagan el servicio y el resto es subsidiado con recursos presupuestarios que desde el 16 de agosto del 2004 al 31 de junio del 2009 (último dato publicado por Hacienda) alcanzó la friolera de RD$93.2 miles de millones.
En el programa con el FMI las autoridades se comprometieron a elevar en 500 mil el número de clientes para este año, aumentar los beneficiarios del bono luz de 11 mil a 50 mil y ¨adoptar un mecanismo flexible de precios para eliminar la brecha entre la tarifa indexada y la tarifa actual¨ e implementar una tarifa técnica que cubrirá el costo de generación, transmisión, distribución y las perdidas en eficiencia del sistema. Vale decir si no se reducen las pérdidas, entonces la tarifa deberá absorberlas.
El sector eléctrico es el más estudiado y mejor diagnosticado, se cuenta con una ley que criminaliza el hurto, un administrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) dispuesto a tomar las acciones necesarias al margen de los intereses en juego; solo resta la acción decidida de las distribuidoras y la continuación del apoyo irrestricto del Presidente.
Este equipo, camino a doce años al frente del Poder Ejecutivo y seis con mayoría congresional, tiene la gran oportunidad de resolver el más grave problema fiscal y de competitividad que representa un sector eléctrico en el que históricamente más del 50 por ciento de los usuarios, pobres y ricos, se han beneficiado de un servicio gratuito en perjuicio del otro 50 por ciento que paga, del aparato productivo y del país.
