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Aunque crece anualmente en captación de ingresos por servicios a los afiliados, ya preocupa grandemente el futuro de la sostenibilidad financiera del sistema de protección a la salud, discapacidad, riesgos laborales y cobertura de pensiones que ha estado expuesto a defraudaciones escasamente conjuradas que provienen de empleadores que deberían ser sancionados con arreglo a la magnitud de los daños millonarios que causan. Unas consecuencias atribuibles a debilidades de mecanismos institucionales escasos en reacciones contundentes a las denuncias con plenitud de identificación de los estafadores que se formulan. Un aumento de recaudaciones que no se iguala a la expansión que al mismo tiempo experimenta la población que ingresa anualmente a la edad productiva con demanda de más empleos y más solvencia de los entes aseguradores.
En términos absolutos y relativos, la Seguridad Social va hacia el desafío extremo de acrecentar su disponibilidad de recursos al tiempo de responder a la demanda de auxilios a que está comprometida sin alcanzar los niveles satisfactorios que sus inscritos esperan y sin que esté demostrado que las utilidades que resultan de las operaciones de sus componentes impidan optimizar las asistencias. Merma ingresos a núcleos de la Seguridad Social una elevada marginación de afiliaciones derivada de sector informal de la economía (57%). Una distorsión que el Estado ha debido conjurar con incentivos a las pequeñas empresas a la que se adicionan las modalidades con que patronos eluden proteger a sus asalariados o incurren, numerosos, en engaños para afiliarlos sin pagar lo que corresponde, proyectándose hacia el porvenir mayores insatisfacciones en materia de protección laboral en un país de limitados ingresos para hombres y mujeres de trabajo en un marco de insuficientes incentivos para las inversiones y la creación de empleos de calidad y garantías de pensiones dignas.
