Los yerros y fraudes en el registro civil de la Junta Central Electoral (JCE) salen costosos a los afectados, en dinero y sobre todo en privación de derechos.

Luis Emilio Méndez Paulino supo que fue perjudicado por una ilegalidad cuando solicitó visa estadounidense. Otra persona también portaba el mismo número de cédula y con su nombre.

La decisión de la entidad fue suprimir ambos documentos hasta determinar quién era el “verdadero”.

De esto hace tres años y desde entonces es casi un muerto civil, pues no puede contratar servicios de ningún tipo. Por suerte mantiene su trabajo.

Su periplo empezó el día en el que el oficial de Migración del consulado de Estados Unidos le dijo -acérquese- y le mostró en la computadora su documento con el rostro de otro hombre, que luego la JCE determinó es haitiano.

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El organismo designó un inspector para investigar.

En una ocasión la supresión fue levantada pero vuelta a colocar y pese a que el suplantador nunca acude al llamado para dar su versión, el caso de Méndez Paulino sigue en un odioso limbo.

Su documento de identidad y electoral fue expedido en Pueblo Nuevo, San Cristóbal. Ahí mismo le dieron el de la otra persona, sin que hayan sido determinadas responsabilidades ante ese ilícito que atenta incluso contra la seguridad de las instituciones y las muestra vulnerables.

Para concluir el expediente, el inspector debe descender a la zona pero ya al afectado le aclararon que eso será después de mayo “porque ahora estamos en elecciones”. Así que su espera continúa.

El ciudadano indica que en estos tres años son innumerables sus viajes a la sede central de la Junta y ni hablar del dinero invertido para revertir una situación de la que no solo no tuvo culpa, si no que es la gran víctima.

Una variación no pedida

Adris Vernice Ferreras Cuevas siempre tuvo ese nombre. Siempre hasta que de repente sufrió un cambio de su primer apellido por el segundo de su padre: Guzmán.

Lo supo cuando acudió a solicitar un acta de nacimiento en Neiba.

“Antes de que mis abuelos fueran casados mi papá llevaba el apellido materno pero nunca tuve ese y de repente me aparece”, expresa asombrada.

La respuesta está en que el libro en el que fue hecha la corrección registró daños y solo quedó el anterior.

Para subsanar el yerro en el que no participó, asignó un abogado que obtuvo gancia de causa. Eso sí, después de seis meses, múltiples viajes a ese pueblo y una sentencia del Tribunal Superior Electoral.

Esta es una travesía fácil de contar pero difícil de afrontar.

El error contra Julio

Un lapsus de una empleada de la Junta en la partida de nacimiento de Julio César Valdez lo puso a dar vueltas durante cuatro meses.

“En octubre me mandaron a corrección a la sede central, de ahí a la oficina de la Kennedy con Defilló, donde me autorizaron a volver a la oficialia de la solicitud inicial. Allí me indicaron que en noviembre estaría lista pero fui en balde”, narra.

En vano porque fue hasta enero que al fin arreglaron el entuerto. Mientras, el retraso en la diligencia para la que necesitaba el acta, le costó empezar todo el trámite desde cero y claro, más tiempo y dinero, trauma que nadie asumió.