FAUSTO MOTA GARCÍA
Recientemente el Presidente de la República planteó, en el marco de un encuentro con los síndicos del país, que constituía una necesidad modificar la ley electoral para introducir cambios; y entre esos cambios señaló lo concerniente a la unificación de las elecciones nacionales con las congresuales y municipales.

El Presidente recordaba en esa ocasión que la modificación para celebrar elecciones cada dos años respondió a una necesidad nacional que tuvo como propósito superar la crisis provocada por los inconvenientes de las elecciones del año 1994, en las cuales se recortó dos años al período Presidencial 94-98, producto de los cuestionamientos a ese proceso electoral.

Es conveniente destacar que desde ese acontecimiento hemos tenido cinco elecciones en ocho años y nos encontramos en los aprestos de la próxima, y todo esto con las consabidas consecuencias que se derivan de cada proceso electoral y que repercuten en todo el cuerpo social, económico y productivo del país. Nuestro pueblo no puede manejarse en medio del gasto desenfrenado de los fondos del erario, de la controversia, el sectarismo, la intranquilidad y la paralización de los sectores productivos de la nación que provoca el festival de elecciones de los últimos años.

Se argumentará que en estos años de elecciones continuas es la etapa en que se ha producido mayor crecimiento económico, pero nadie puede demostrar que las elecciones hayan contribuido de manera específica a estimular ese crecimiento. Más bien podríamos sostener que ese crecimiento económico no se refleja, probablemente, en la disminución de la pobreza y en menores índices de inequidad, porque los políticos han utilizado todo el dinero de los contribuyentes para subsidiar las benditas campañas electorales.

La polémica se abre y obviamente que no faltarán aquellos que por varias razones, defenderán que se mantenga la situación que impera. Particularmente quien suscribe rechaza el actual régimen electoral, aunque respaldo que se mantengan separadas, pero con intervalos de tiempo más cercanos entre una y otras elecciones.

Corresponde a la población jugar un papel más activo e influir para que se ponga fin al alboroto y la francachela que implican montar y hacer elecciones permanentes. Se trata de una situación insostenible, ya que éstas impiden que trabaje con regularidad la burocracia estatal, los empresarios, académicos, profesionales; en fin, impiden una buena labor a los diferentes poderes del Estado. En honor a la verdad lo que más necesita la República Dominicana es el trabajo productivo de la fuerza laboral en pro del desarrollo nacional.

En oposición a este relajo, en diversas ocasiones apelamos al ejemplo contrario de otros países que han logrado desarrollarse en período de tiempo relativamente corto. Si hacemos un análisis simple encontraremos que esas naciones han asumido con la responsabilidad que cada momento requiere roles de amplia visión. Iniciando por definir lo que desean y el cómo deciden conquistarlo, propiciando el fortalecimiento institucional, dedicando todo el tiempo necesario al trabajo y la productividad. Con optimismo y con fe en sus proyectos y sus protagonistas, y con valores que norman su conducta individual y colectiva. Los pueblos que definen propósitos y metas de desarrollo, lo ejecutan y respetan sus leyes, indudablemente se elevan y se orientan hacia el progreso.

A propósito de estas reformas planteadas para que el Estado pueda sentar la base de una democracia funcional y creíble, juzgo que debe privilegiarse todo lo relativo a la modificación de la Ley Electoral y que por Dios, por conveniencia, no se negocie algo de tanta relevancia para toda la colectividad. Sólo en correspondencia a esos cambios sustantivos podremos contribuir al crecimiento y al fortalecimiento institucional, que a su vez constituye la base fundamental para la instauración de una sociedad de justicia social, de paz y equidad.