La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) ha recomendado a la Contraloría General de la República abstenerse de registrar o aprobar pagos relacionados con aproximadamente 150 contratos suscritos dentro de tres procesos de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para la adquisición de utilería escolar, hasta que concluyan las investigaciones en curso.

A través de un comunicado, la institución recordó que, en virtud del artículo 71 de la Ley 340-06, el pasado abril inició una investigación de oficio para verificar la legalidad de los procesos de Licitación Pública Nacional INABIE-CCC-LPN-2024-0008, INABIE-CCC-LPN-2024-0010 e INABIE-CCC-LPN-2024-0012, tras detectar indicios de irregularidades.

El organismo señaló que, el pasado 15 de mayo, remitió una comunicación a la Contraloría con hallazgos preliminares, identificando proveedores potencialmente implicados en conductas como colusión, conflictos de interés y discrepancias en domicilios declarados por los oferentes. Además, se detectaron empresas adjudicadas sin contar con el rubro correspondiente en el Registro de Proveedor del Estado (RPE), irregularidades en criterios de evaluación y adjudicación, falta de claridad en los pliegos de condiciones y una posible omisión en la publicación de gestiones completas.

Entre el 24 de abril y el 27 de mayo, la DGCP notificó a los proveedores adjudicados sobre su derecho a presentar defensas frente a la investigación. No obstante, solo 12 adjudicatarios han ejercido su derecho.

El órgano rector destacó que, vencidos los plazos para recibir escritos de defensa, cuenta con 30 días hábiles para emitir los resultados preliminares y notificarlos al Inabie, funcionarios y demás partes involucradas, conforme lo estipula el artículo 224 del Reglamento de Aplicación aprobado mediante el Decreto Núm. 416-23.

Contrataciones Publicas también informó que, en paralelo a esta investigación, trabaja en conjunto con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República en un análisis especial que incluye entrevistas a expertos y personal del Inabie, así como el intercambio de información del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas, con el objetivo de establecer posibles responsabilidades de los involucrados.