No es posible el desarrollo de una nación sin el óptimo concurso de sus recursos humanos, esenciales aun en un escenario futurista bajo el imperio de la inteligencia artificial. El país no puede seguir marginando ese potencial, mantener tan alto índice de ocupación enmascarada, subutilizada, una fuerza laboral en alta proporción absorbida por el mercado informal y el empleo público improductivo, surgido del insaciable clientelismo.
Revertir esa realidad reclama un crecimiento económico inclusivo, de mayor equidad redistributiva, donde el empleo de calidad se constituya en pieza clave de una estrategia de desarrollo integral como expresión de la responsabilidad social del Estado y del sector empresarial.
Implica establecer un orden político, económico y social que valorice y retribuya dignamente al trabajador, aproveche el potencial de la juventud desempleada, y el empleo sea un propulsor de la productividad y competitividad, un instrumento de reactivación económica.
No ocurre así. Los beneficios del crecimiento económico no llegan al trabajador. No se reparte, además del desempleo y la baja remuneración, lo imposibilita la corrupción y el dispendio del erario, la falta de inversión en áreas prioritarias para el desarrollo, un inequitativo sistema tributario sin la debida retribución al contribuyente.
Crear riqueza. Mejorar la calidad de vida de los pobres exige orientar recursos hacia el desarrollo. Invertir en planes de reducción de la pobreza generando riquezas, en políticas de inclusión social que incorporen a la gran masa paupérrima a la vida productiva, elevando su calificación.

La pobreza se seguirá reproduciendo hasta tanto quienes se inserten en la actividad laboral se conviertan en entes productivos con un trabajo digno, herramienta idónea de nivelación social, para enfrentar la inseguridad económica, y la sobrevivencia esté asegurada como un derecho ciudadano.
Primer desafío. El desempleo, la falta de plazas de trabajo justamente remuneradas y la desigual dotación de capacidades arraigan la desigualdad social, principal conflicto que enfrenta la sociedad dominicana, el primer desafío ético y político del país.
El modelo de desarrollo ha sido incapaz de impactar positivamente la productividad y generación de empleos formales de calidad, ni de lograr la inserción competitiva del país en los mercados internacionales, a fin de incrementar las exportaciones y fomentar la ocupación en la agricultura.
Frente al escaso dinamismo de la ocupación en la economía formal, se mantiene el avance expansivo de la informalidad laboral y el acceso a los recursos financieros sigue siendo una barrera para la generalidad de los pobres.
Lo evidencia la composición del mercado laboral: 13.3% de desempleo ampliado; 56% trabajadores informales, y el resto entre la economía formal y el Estado, cuya respuesta a la desocupación ha sido generar puestos de trabajo innecesarios en la administración pública, designando peledeístas y aliados, en muchos casos gente ociosa, subutilizada.
Persisten altas tasas de desocupación, un salario bajo y regresivo con tendencia a la caída de su valor real, que solo mantiene un cuarto de su poder adquisitivo con relación al año 2000, pese al crecimiento de la productividad laboral 1.34 veces.

La remuneración del trabajo no garantiza condiciones mínimas de vida, conduce a la pobreza o a la indigencia, mantiene la fuerza laboral con su potencial atrofiado por las privaciones generacionales en educación y salud, un déficit nutricional que repercute en su rendimiento.
El desempleo afecta más a los jóvenes que a los adultos, a las mujeres que a los hombres, disparidad más aguda para las menores de 20 años y mayores de 50.
Existen diferencias importantes entre el ingreso de los trabajadores formales e informales. Indicadores revelan que estos últimos reciben, en promedio, un ingreso por hora equivalente al 74% del obtenido en el sector formal.
Del total de los ocupados en los sectores formal e informal, cerca de un cuarto está subempleado.
La estructura productiva y tecnológica, la forma en que se ha organizado la producción determinan un mayor dinamismo en sectores que generan poco empleo. La brecha entre los sectores productivos y de servicios es determinante.
El reducido impacto del crecimiento económico sobre la creación de puestos de trabajo y en el salario explican la resistencia de la pobreza a disminuir. Sus múltiples dimensiones pervivirán hasta tanto se impulse el desarrollo de sectores económicos con más alto índice ocupacional.
Enfrentarla de raíz implica que el Estado cumpla con su responsabilidad social a través de políticas que reorienten las prioridades y eficiencia del gasto público, a fin de expandir la actividad productiva y la calidad del empleo, cuyo bajo nivel remunerativo impacta negativamente el Sistema de la Seguridad Social.

El déficit salarial es una constante, el jornalero ni el obrero nunca han tenido una retribución que cubra sus necesidades básicas. Los salarios actuales de RD$12,872, RD$8,850 y RD$7,843 mensuales, el mínimo en las tres tarifas vigentes, no alcanzan siquiera para la canasta establecida por el Banco Central para el segmento poblacional más pobre, de RD$12,930.

Su acceso se aleja de los que trabajan de la seguridad privada, con salarios de RD$10,669 al mes, y de los campesinos con RD$267 por la jornada diaria de diez horas. Esos salarios distan bastante del valor promedio de la canasta, sobre los RD$28 mil mensuales, tampoco al alcance del 75% de contribuyentes a la Seguridad Social con un ingreso mensual en 2015 inferior a RD$20 mil.

Déficit acumulativo. La generación de nuevas plazas laborales en el sector formal es baja. La competitividad, cada vez más exigente y la tendencia al incremento de la tecnología, conduce a la economía formal a producir más con menos recursos humanos.
Cada año se incorporan 119 mil jóvenes a la Población Económicamente Activa (PEA), mientras los nuevos empleos creados asciende a 100 mil anuales.
De las plazas adicionales, muy pocas las crea el sector formal, más de la mitad surgen en la informalidad, con condiciones más flexibles de trabajo, menor ingreso, desprotección e inseguridad laboral, que acrecientan las condiciones de exclusión social. En su mayoría “motoconchos”, salones de belleza, empleados de colmados y del servicio doméstico.
Una alta proporción del empleo adicional se produce en el sector público, con un mínimo salarial de RD$5,017 mensuales, vergonzosamente bajos frente a sueldos escandalosamente altos de funcionarios del Gobierno y de partidos aliados, que engullen buena parte de los dineros que deben dirigirse al desarrollo.
Consecuentemente, tenemos crecimiento económico pero no desarrollo, seguimos lejos de un régimen de derechos, muy lejos del desarrollo humano.