Frente a la tragedia carcelaria

LEANDRO GUZMAN
Históricamente siempre se ha dicho que “el preso no es gente”, expresión con la que generalmente se trata de justificar la violación sistemática de los Derechos Humanos de los prisioneros. Es cierto que muchos de los que componen la población carcelaria jamás tomaron en cuenta los Derechos Humanos de sus víctimas, pero eso no justifica que en busca de una sanción establecida por la sociedad, actuemos igual que ellos. No podemos, de ninguna manera, convertirnos en asesinos para vengar un asesinato.

Las condiciones carcelarias de nuestro país han variado muy poco desde que se crearon las cárceles, desde la época de la colonia hasta nuestros días.

La cárcel de La Victoria no es una excepción. Es prisión fue construida hace exactamente 50 años, durante la tiranía de Trujillo, con una capacidad para 800 presos. Sin embargo, hoy día, en el mismo recinto, existen más de 5.000 prisioneros que viven hacinados, como sardinas en lata, en horrorosas condiciones, que solamente los que hemos estado allí -en nuestro paso por razones políticas- podemos describir con la más objetiva exactitud.

La Victoria y otras cárceles del país, en lugar de ser centros de regeneración para los convictos, son centros de perversión, donde imperan la degradación del ser humano, el tráfico de influencias, el consumo y distribución de drogas, en fin, todo lo contrario a lo que se supone predomine en un recinto del que la sociedad pueda sentirse satisfecha.

Como han dicho las propias autoridades judiciales, más del 80 por ciento de los presos están en las cárceles del país “de manera preventiva”, es decir, se trata de acusados cuyos casos aún no han sido conocidos por nuestros tribunales. Son varias las razones que explican esa situación, como por ejemplo la acumulación de expedientes en los tribunales, la falta de vehículos para transportar a los presos cuando son citados a juicio, cuando no es que dizque no existen suficientes “custodios” para acompañarlos, cuando se sabe casi siempre son argumentos para el lucro de ciertas autoridades. Los presos o sus familiares, urgidos de que se haga justicia, tienen que desembolsar determinadas sumas de dinero para que esa situación varíe, lo que se logra tan pronto los interesados pagan. Una verdadera cadena de corrupción.

Se nos ocurre que una forma de agilizar los procesos judiciales, a fin de disminuir la población carcelaria que se engloba dentro del grupo de “presos preventivos”, es la de establecer un calendario par que los jueces se trasladen directamente a las cárceles los fines de semana o, más todavía, que en el mismo poblado de La Victoria o en otros lugares donde haya presidios similares, se construyan recintos de Justicia en los cuales se conozcan los procesos.

Hace algunos años ese sistema se puso en práctica. Los jueces se trasladaban a La Victoria, donde conocieron y resolvieron muchos casos pendientes. Los resultados fueron exitosos, pero como sucede siempre esa labor fue descontinuada sin muchas explicaciones y el número de presos preventivos continuó en aumento.

En nuestras cárceles hay presos que bien podrían ser puestos en libertad. Se trata de aquellos que han cometido delitos menores, pero que tienen en prisión más tiempo del que deberían purgar con una condena justa. El mantenimiento en las cárceles de tales presos resulta altamente oneroso para el Estado, aparte de que la falta de Justicia endurece sus corazones, los llenas de odio contra la sociedad e influye en su ánimo para que salgan de allí más pervertidos.

La inercia de la sociedad para que se mejoren las condiciones carcelarias la hace responsable de gran parte de lo que sucede en las prisiones. No es posible tanta indiferencia, que a lo único que contribuye es a formar más delincuentes, que tarde o temprano se sumarán a los que existen, muchos de los cuales se han convertido en tales por provenir de hogares destruidos, con padres irresponsables, pero además por la falta de oportunidades que les permitan tener un empleo decente, fomentar una familia y ser útiles para que el país se desarrolle.

¿Cuántos bachilleres e incluso profesionales no andan por ahí sin tener a la vista una oportunidad para continuar sus estudios universitarios los primeros y ejercer dignamente los segundos? No tenemos las cifras, pero deben ser miles.

Si esto ocurre con los que han tenido la oportunidad de estudiar, ¿que se le puede pedir a los jóvenes de los barrios, donde predominan todos los tipos de drogas y no existen mecanismos para que ejerciten los deportes y puedan estudiar las carreras que deseen?

No basta con realizar seminarios ni repetir lo que todos sabemos sobre las precariedades de nuestras cárceles. Es necesario que se pongan en práctica un conjunto de acciones concretas para enfrentar los males que en ellas predominan y que constituyen una vergüenza nacional.

Horroriza pensar ¿que será de nuestro país dentro de diez o quince años si el sistema carcelario no es mejorado?, a lo que debería adicionarse la construcción de una sociedad más justa para todos.