Frivolidad política en CTPC

Frivolidad política en CTPC

Guillermo Caram

Percibimos frivolidad política en torno al fideicomiso propuesto para Punta Catalina. De proponentes y antagonistas. Del gobierno al formular propuesta que tiende a sobreseer cuestionamientos previos.

Y de antagonistas, particularmente PLD, que debería aprovechar esta oportunidad para reivindicar su proyecto insignia.

Las criticas pasadas debieron ser resueltas previamente o agendadas, evidenciadas, consignadas; especialmente las provenientes del propio PRM opositor.

Quedan pendientes aquellos cuestionamientos sobre pertinencia de termoeléctrica con vocación al desuso por alimentarse de carbón; efectos ambientales, irregularidad de procedimientos de contratación que descartaron alternativas y permitieron favorecer privilegiadamente empresas, naciones y financiadores; localización del proyecto y propiedad de terrenos donde se emplazaron, corrupción admitida por contratistas y acuerdos de pago compensatorios; reclamaciones en curso formuladas y pendientes, algunas ante tribunales internacionales donde no tenemos buen récord de ganancia de causa.

Se postergó auditoría que permitiría conocer valor de CTPC-en función de producción, venta, cobros y flujos financieros-para compararlos con costos y gastos efectuados en función de lo contratado, añadido y demás conexos. Y determinar diferencia resultante y quien(es) deberían pagarla.

Lo propuesto conduce a desviar atención sobre establecimiento de responsabilidades técnicas, morales, financieras e institucionales. Y de responsabilidades políticas; incluyendo pasar factura a justificaciones CTPC: eliminar apagones y brindar energía barata, no de generación, sino la comprada por consumidores.

Es pronosticable que lo anterior pase a formar parte del pasado irresuelto.

Están incluso surgiendo voces que recurren a consignas similares a enarboladas en defensas patrimoniales nacionales-“Punta Catalina no se negocia”- evocatorios de loma Miranda.

La atención política se concentrará en debatir transferencia por 30 años “en forma irrevocable” de bienes y derechos administrados por personas perpetuadas por ese período, que pudieran no encontrarse habilitadas para rendir cuentas para un eventual desguace patrimonial como sucedió tras capitalizar las empresas públicas.

Como consecuencia de omisiones citadas y debates concitados, se distraerán, dentro una frivolidad política cómplice y/o connivente, las transformaciones impostergables para superar falta de competencia y privilegiado sistema de fijación de precios consustancial al insatisfactorio,

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