Reitero lo elemental: sin fronteras seguras no habrá pueblo seguro. Esa fórmula sencilla explica la importancia que tiene para los estados el control y protección efectivos de sus espacios. Varios sucesos recientes lo confirman con crudeza.
En Haití, donde el Estado colapsó hace tiempo, vuelve a producirse otra fuga masiva de presos, esta vez en la cárcel de Arcahaie, lo que se ha convertido en una constante. Las autoridades dominicanas han debido movilizarse para evitar que muchos ingresen al territorio nacional. ¿Lograron hacerlo? Ya resultaba notorio el incremento de actos criminales cometidos por haitianos.
Aunque el gobierno no quiera admitirlo públicamente, el peligroso brote de tuberculosis resistente, detectado en el hospital Cabral y Báez de Santiago, está íntimamente relacionado con el flujo constante de pacientes que ingresan libremente desde Haití, que encabeza el índice de países del continente donde esa enfermedad asociada al VIH tiene mayor impacto.
También, un capitán del Ejército resultó muerto y el sargento que lo acompañaba gravemente herido, en un hecho acontecido en Monte Cristi y que se atribuye a una turba de haitianos. Al parecer existe poco interés en que se conozcan las circunstancias en que ocurrió, siendo el último de muchos otros similares, que cuestionan la misión de las FF. AA.
Pero quizás el hecho que mejor ilustra esa verdad de a puños, es el asalto que sufrió una figura muy querida y respetada, que además es Defensora del Pueblo: la Dra. Zoila Medina. Irónicamente ella, que venía investigando con responsabilidad denuncias de abusos carcelarios, fue víctima de integrantes de una banda binacional que debieron estar presos.
Cómo estos lograron violar la frontera de la cárcel, es decir, la que separa a los presos o detenidos de los libres, es algo que también espera explicación de las autoridades… aunque tal vez sea mucho pedir en un país donde pese a los anuncios repetidos, no ha podido bloquearse el uso de celulares desde recintos penitenciarios.
Sin embargo, también violentaron la otra frontera, porque el cuerpo del delito, el vehículo sustraído, fue localizado días después en Haití. ¿Por cuál de los pasos fronterizos circuló ese vehículo, por uno de los cuatro oficiales, o por alguno de “los 80 ilegales”, cifra que con gran cinismo estrujó en la cara del gobierno dominicano el Canciller haitiano?
Los graves fallos en seguridad nacional y pública los pagan los ciudadanos y sus familias, sufriendo violencia criminal e inseguridad. El liderazgo nacional evade responsabilidades: prefiere “como el avestruz” no ver el problema, o peor aún, siente una penosa impotencia, mientras la Comunidad Internacional insufla la ilusión sedante de “un crecimiento y estabilidad” que tienen bases tan canallas como endebles.