El capitán de la UCO de la Guardia Civil que interrogó a Ana Julia Quezada tras su arresto el 11 de marzo en el municipio de Vícar (Almería) cuando portaba el cadáver del niño Gabriel Cruz ha indicado que sí manifestó «su voluntad» de declarar y que afirmó que el menor «intentó agredirla» previamente, una «agresividad hacia ella» que ya mencionó durante los once días de búsqueda.

«En esos días llegamos a oírle hablar mal del niño. Fue una reacción de ella como mínimo chocante ya que decía que le insultaba, que decía que era ‘muy fea’ y que una vez que se marchó a la República Dominicana le dijo que ‘no quería que volviera'», ha asegurado el capitán al aludir a la versión que dio Ana Julia Quezada sobre por qué se produjo el crimen.

En su testifical, ha matizado que la procesada «nunca reconoció que fuera muerte dolosa, premeditada o cualquier episodio que pudiera ir en contra de ella» después de que la fiscal haya remarcado que se le había detenido «con el cuerpo».

«Ella sí que reitera que fue de forma accidental», ha concretado para, después, a preguntas de la acusación particular, precisar que «sí habló» con sus abogados «unos momentos antes» de que se le tomase declaración «porque ella así lo pidió».

Ha relatado que en su interrogatorio aseguró que el menor «intentó agredirla, que se defendió y que no calculó la presión que ejerció sobre la cara aunque no tiene mucho sentido tampoco lo que relata». Al hilo de esto, ha señalado que la versión que dio Ana Julia Quezada sobre por qué se produjo el crimen iba en la línea del «discurso» que había mantenido durante los once días de búsqueda y en los que «llegamos a oírle hablar mal del niño».

El agente de la UCO, quien estuvo en contacto «desde un primer momento» con Ana Julia Quezada, ha aportado un dato nuevo con respecto al momento en que las sospechas comenzaron a recaer sobre la entonces pareja sentimental del padre y ha indicado, a preguntas de la acusación particular, que la atención en esa «se fija desde el momento en el que se descarta al acosador de Patricia Ramírez porque ya estaba mintiendo a preguntas de personas y eso no tenía sentido».

Tras matizar que, en «ningún momento» se puede decir que hubo «colaboración por su parte», ha remarcado que, desde el «primer momento» en el que habló con ella en los primeros días desde la desaparición, «ocultó ciertas verdades sobre su persona que nos despertaron extrañeza porque no tenía sentido que nos mintiera en ese momento».

Tampoco en esos días dio «explicaciones lógicas» al tiempo que había pasado en la finca de Rodalquilar el día en que murió Gabriel o lo que había ido a hacer a esa casa «cuando sabíamos por el movimiento de los repetidores de teléfono que había estado allí». También a preguntas de la acusación particular, ha señalado que, del contenido de esa primera declaración, no se desprendió ningún dato relevante para la investigación.

«Era totalmente irrelevante, muchas de las cosas que decía carecían de sentido lógico», ha trasladado ante el jurado popular, ahondando en lo contestado a la fiscal Elena Fernández a la que ha expresado que «desde un primer momento» su versión «no nos cuadraba mucho con la secuencia que nosotros teníamos de lo que había pasado con respecto al homicidio». Con respecto a la inspección ocular realizada en la finca de Rodalquilar donde se produjo el crimen y donde sepultó al menor durante once días, ha indicado que «llamó la atención» de los investigadores que el hacha aportada como prueba de cargo «no estaba en un lugar visible» y que estaba «como escondida, no en la escena principal de los hechos, por lo que pensamos que podía haber sido arrojado desde una casa a otra».

Junto al capitán de la UCO ha prestado testifical-pericial un agente del Servicio Cinológico de la Guardia Civil, quien ha precisado que, en la finca de Rodalquilar, el perro marcó por presencia de restos biológicos «un cubo de fregona, la propia fregona y un punto en el suelo» de la sala en la que se habían producido los hechos. En el exterior, dos perros marcaron el mismo punto en la pasarela de madera que rodea la alberca a cuyos pies sepultó el cadáver».

Gabriel Cruz

Más de dos horas buscando las prendas

Los agentes que participaron en la investigación también han explicado el seguimiento que se realizó a Quezada el 5 de marzo cuando se desplazó en el coche de Ángel Cruz hasta el barrio almeriense de Retamar, después de que anunciara que iba a tomar un café con una familiar en Campohermoso, y diera «vueltas sin sentido» por el barrio almeriense antes de regresar «a gran velocidad» hasta Níjar. Este aspecto levantó nuevas sospechas entre los agentes porque «había mentido a la familia».

«Posteriormente supimos que fue a deshacerse de la ropa y la encontramos en un contenedor de vidrio», ha detallado el agente, quien ha explicado que, tras la declaración en la Comandancia de la sospechosa, se solicitó la colaboración de la empresa de recogida de vidrio para inspeccionar los contenedores del barrio y encontrar las prendas, lo que supuso una búsqueda de más de dos horas hasta dar con el pantalón de chándal, la chaqueta roja, la camiseta blanca y las zapatillas de Gabriel.

Los investigadores reprodujeron el itinerario realizado por Quezada y marcado por los repetidores del teléfono que llevaba para tratar de determinar si había contado con colaboradores o había concertado alguna entrevista durante su recorrido. Igualmente, han negado que la acusada especificara el lugar en el que arrojó las ropas, que no desaparecieron porque la actividad de recogida se hacía por entonces «cada 30 días».

En relación a la camiseta hallada en el barranco del Águila dos días antes y que había sido puesta por la acusada intencionadamente en un cañaveral, los investigadores han precisado que la misma presentaba signos compatibles con un «roce deliberado». «Pensamos que esa camiseta se apelmazó y se tiró contra el suelo para causar esa mancha», han indicado antes de ratificar que la prenda había sido tocada por el padre del niño y por la acusada.

Protestas de la defensa

Durante la vista oral han sido varias las ocasiones en las que la defensa, ejercida por el letrado Esteban Hernández-Thiel, ha elevado protesta ante la magistrada-presidenta, Alejandra Dodero, por el orden de intervención en los interrogatorios al solicitar, o bien formular nuevas preguntas tras su turno en el último momento, o bien ser la última parte en efectuar sus cuestiones, lo que ha sido denegado por la magistrada al entender que el orden quedaba establecido por la propia propuesta de testigos.

En esta línea, ha rechazado interrogar, entre otras partes, al agente de la Guardia Civil que trasladó desde Vícar hasta la Comandancia de Almería para proceder al levantamiento del cadáver, ya que la vía «se empezó a llenar de gente» y «no daba garantías de seguridad». La vista también se ha visto interrumpida brevemente por un corte en el suministro eléctrico de apenas unos minutos, si bien se ha reanudado sin problemas.