La vehemente aspiración a vivir fuera del país de casi la mitad de la población dominicana consultada en encuesta se refleja hoy en la misma medida, y quizás hasta un poco más, que en los tiempos de menor crecimiento de la economía. La elevación del PBI de los últimos tiempos ha sido de limitado impacto en la condición de vida de un amplio sector, aun cuando se alega que se ha reducido la pobreza extrema. Mucha gente sigue dudando del futuro en vista de la inconsistencia de la movilidad social acompañada de sombrías advertencias sobre riesgos de retroceso por la baja calidad del desarrollo.

El interés de cambiar el lar nativo por otras latitudes se explica mucho en el alto índice de preocupación por la delincuencia, aunque en el pasado, las motivaciones económicas pesaban más. Demasiado dominicanos han sentido la criminalidad directamente o la han visto actuar contra personas de su cercanía. Si la mitad de los habitantes de este querido terruño visualiza que estaría mejor y menos expuesta al crimen si emigra, crear un orden social e institucional con augurios de avances en las condiciones de vida y de seguridad ciudadana debería ser prioridad de los liderazgos, sobre todo de entes de poder y la política. Existen probadamente en este medio ineficiencias de gestiones públicas y de visiones de Estado que disminuyen los beneficios sociales de un crecimiento que se debe demasiado al endeudamiento.

Vampirismo antimunicipal

El rico resultado de la extracción minera de dos provincias pasa de largo por el municipio de Piedra Blanca en forma de pesadísimos camiones que deterioran sus vías y contaminan con monóxido de carbono. La relación entre operaciones industriales y las comunidades son desequilibradas. En este caso, las mineras de más rendimiento benefician directamente al Gobierno que dispone de lo obtenido para su propia agenda de gastos, que no coincide necesariamente con la de quienes ven desaparecer la riqueza de su suelo.

La autonomía municipal es ahogada con políticas presupuestales centralizadas por el presidencialismo que acapara recursos públicos y convierte en letra muerta la descentralización democrática concebida para que los dispersos núcleos poblacionales tengan algún derecho sobre sí mismos.