El Partido Fuerza del Pueblo (FP) afirmó ayer que las nuevas autoridades están obligadas a asegurar la estabilidad laboral de los servidores del Estado que están integrados a los sistemas de carrera administrativa.

“Al acercarse la fecha en la cual asumirán las autoridades electas en el certamen democrático del pasado 5 de julio, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Fuerza del Pueblo advierte al nuevo Gobierno que está en la obligación de acatar las disposiciones contempladas en la Constitución y en la Ley de Función Pública 41-08, las cuales aseguran estabilidad laboral a los servidores del Estado que se encuentran integrados a los sistemas de carrera administrativa”, planteó.

Dijo que “resulta imperativo recordar a la naciente administración la disposición constitucional prevista en el artículo 145 de nuestra Ley Sustantiva, el cual reza: Protección de la Función Pública. La separación de los servidores públicos que pertenezcan a la Carrera Administrativa en violación al régimen de la Función Pública, será considerada como un acto contrario a la Constitución y a la Ley”.

Explicó que la Ley 41-08 define claramente las categorías de los servidores públicos, según su relación de empleo.

La FP hizo la advertencia ante posibles cancelaciones masivas de empleos del sector público por parte del Gobierno entrante, lo que ha generado incertidumbre entre miles de personas que por años han servido al Estado dominicano.

Un servidor público adquiere la condición de funcionario de carrera administrativa tras participar en concurso y cumplir con una serie de requisitos, que demuestren su formación y cumplimiento.

También pide respetar los derechos de las demás categorías, entre estos funcionarios de libre nombramiento y remoción, servidores públicos de estatuto simplificado y empleados temporales, a quienes corresponde una compensación económica en caso de ser desvinculados, que varía según la condición a la que pertenecen. “Es evidente que, también en estos casos, el nuevo Gobierno debe proceder con estricto apego a lo que establece nuestro ordenamiento jurídico”.