SANTO DOMINGO.- El partido Fuerza del Pueblo condenó la agresión policial, este domingo, contra una protesta pacífica que realizaban dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), frente a su local, en la avenida Independencia, del Distrito Nacional.

Al mismo tiempo, el partido que preside Leonel Fernández calificó como injustificada la acción policial contra los dirigentes peledeístas.

“Independientemente de las acciones judiciales, el gobierno debe garantizar el derecho constitucional a la protesta”, señaló el partido opositor.

Fuerza del Pueblo hizo saber al Gobierno que “se debe evitar los excesos policiales y respetar la integridad de los locales de los partidos políticos”.

La Policía niega usó bombas lacrimógenas contra el PLD

De su lado, Policía Nacional negó que agentes de esa institución, que resguardaban la seguridad en el perímetro del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y zonas aledañas, hayan lanzado gases lacrimógenos contra la Casa Nacional del PLD, como se ha puesto a circular en redes sociales y medios de comunicación.

Los agentes del orden dispersaron a grupos de manifestantes, quienes, luego de ser aplazada la audiencia, marchaban por la avenida Independencia sin ningún permiso previo con la intención de tratar de violentar el perímetro que había sido establecido para brindar seguridad.

Estas personas habían salido de la sede de la referida organización política con destino al Palacio de Justicia, donde era conocida la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en contra de unos 20 implicados en la denominada operación Calamar.

Es oportuno señalar que los efectos de los gases lacrimógenos, utilizados para impedir que los citados grupos violentaran por la fuerza zonas restringidas, se extendieron por más de 200 metros en todo el entorno, lo cual afectó no sólo a la sede del PLD, sino también a todas las personas ubicadas en dicho perímetro.

Se recuerda que la Dirección General de la Policía Nacional dispuso incrementar las acciones preventivas en el perímetro y en el interior del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en esta capital, restringiendo el acceso para garantizar la seguridad de las personas que desempeñan alguna función en esa sede judicial o que son actores del referido proceso.